Causa por enriquecimiento ilícito: nuevas billeteras cripto complican a Manuel Adorni

La causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este viernes capítulos determinantes que agravan su situación judicial. En las últimas horas, los investigadores identificaron dos nuevas billeteras virtuales adjudicadas al funcionario, las cuales registran transacciones que incrementan considerablemente el volumen de fondos bajo sospecha. En simultáneo, el contratista Matías Tabar se presentó ante los tribunales federales de Comodoro Py para aportar documentación clave sobre costosas refacciones inmobiliarias que el entorno del vocero presidencial habría abonado con dinero en efectivo, lo que robustece la hipótesis de un crecimiento patrimonial injustificado.

Las transacciones bajo la lupa judicial

Los peritajes financieros incorporados al expediente que tramita en el juzgado federal permitieron individualizar un entramado de cuentas digitales que Adorni habría utilizado de manera frecuente. A las plataformas inicialmente bajo análisis se sumaron ahora operadores de relevancia en el mercado de criptoactivos como Lemon, Bitso, Over y Binance.

De acuerdo con las fuentes judiciales vinculadas al caso, los movimientos registrados en estas cuatro plataformas desde el año 2022 hasta la actualidad superan los u$s100.000. Los investigadores centran sus esfuerzos en determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir estos activos y si los mismos coinciden con las declaraciones juradas presentadas por el actual jefe de ministros ante los organismos de control. La velocidad y el volumen de estas transferencias en moneda cripto encendieron las alarmas de la fiscalía por la dificultad inherente a la trazabilidad de este tipo de operaciones financieras.

El testimonio del contratista y los pagos en efectivo

De manera paralela al rastreo virtual, el frente territorial de la investigación avanzó con la declaración espontánea del empresario de la construcción Matías Tabar. El contratista se presentó ante el fiscal Gerardo Pollicita y entregó un compendio de pruebas documentales que complican la estrategia de defensa del funcionario. Entre el material aportado se destacan facturas, remitos detallados y capturas de conversaciones de chat referidas a las obras de remodelación ejecutadas en una propiedad de Adorni ubicada en el country Indio Cua.

«El presupuesto inicial era de u$s94.000, monto que me fue abonado mediante un anticipo. Mi rol fue el de intermediario entre Manuel y el administrador de la obra. Finalmente, la sumatoria total terminó alcanzando los u$s245.000″, detalló Tabar ante la sede judicial.

El empresario ratificó además que la totalidad de los pagos correspondientes a las reformas edilicias se realizaron mediante billetes físicos de moneda extranjera. Esta revelación resulta crucial para la fiscalía, ya que los desembolsos en efectivo por montos de tal magnitud dificultan la justificación del flujo de caja familiar y contrastan con los ingresos declarados por el matrimonio en el período analizado.

Respaldo político en la Quinta de Olivos

A pesar del avance del expediente en los tribunales de Retiro, el Poder Ejecutivo optó por una estrategia de abroquelamiento y defensa cerrada de su línea jerárquica. El presidente Javier Milei recibió a Manuel Adorni en la residencia oficial de Olivos con el propósito explícito de brindar un respaldo político contundente a su gestión y asegurar su continuidad en la Jefatura de Gabinete.

Del encuentro, que se extendió por más de dos horas, participó también el canciller Pablo Quirno. La agenda oficial de la reunión estuvo marcada por el análisis de la agenda legislativa, incluyendo el tratamiento de la Ley Hojarasca en la Cámara de Diputados y el proyecto de reforma electoral orientado a la eliminación de las PASO en el Senado. Asimismo, los funcionarios repasaron las implicancias del acuerdo de libre comercio alcanzado entre el Mercosur y Singapur.

Desde el entorno presidencial se intentó relativizar el impacto de la causa por enriquecimiento ilícito, atribuyendo las denuncias y las filtraciones a una supuesta operación coordinada entre sectores de la oposición y diversos medios de comunicación. El blindaje político de la Casa Rosada busca aislar al funcionario del ruido judicial en un contexto donde las variables económicas, especialmente la inflación de abril que se ubicó en el 2,6%, otorgan cierto margen de maniobra al Palacio de Hacienda. No obstante, la acumulación de pruebas materiales y testimoniales en los tribunales anticipa un escenario de alta complejidad legal para el vocero en los próximos meses.