Femicidio de Chiara Páez: el crimen que despertó el Ni Una Menos

El 10 de mayo de 2015, la Argentina cambió para siempre. El hallazgo del cuerpo de Chiara Páez, una adolescente de tan solo 14 años, enterrado en el patio de la casa de su novio en la localidad santafesina de Rufino, no fue solo un hecho policial más en la crónica roja. Fue el catalizador de una rabia contenida que, semanas después, se transformaría en el movimiento «Ni Una Menos». Hoy, al analizar el femicidio de Chiara Páez, se hace evidente que su nombre es el punto de inflexión que obligó al Estado y a la sociedad a mirar de frente una realidad que se cobraba vidas en las sombras: la violencia de género sistémica.

Una desaparición que ocultaba el horror

La cronología del espanto comenzó la madrugada del 9 de mayo. Chiara fue vista por última vez cerca de la una y media, cuando se dirigía a encontrarse con amigas. Un mensaje de texto desde su celular canceló la cita, pero la sospecha se encendió pronto. Su madre recibió un llamado de Manuel Mansilla, el novio de 16 años, quien alegó una discusión y aseguró que Chiara se había quedado sola en una esquina. Mientras la policía, bomberos y vecinos rastrillaban desesperadamente cada rincón de Rufino, en la casa de Mansilla se llevaba a cabo un asado familiar.

Lo que la investigación posterior revelaría fue de una crueldad inaudita. El cadáver de la joven fue localizado en el patio de esa misma vivienda, sepultado en un pozo de un metro de diámetro. La tierra estaba meticulosamente rastrillada y apisonada para ocultar el crimen. La autopsia determinó que Chiara, embarazada de tres meses, había sido asesinada a golpes. Pero el horror sumó un agravante: se encontraron rastros de Oxaprost en su cuerpo, confirmando que había sido forzada a ingerir la droga en un intento de aborto provocado por Mansilla ante la negativa de la joven a interrumpir su embarazo.

De la conmoción local a la explosión nacional

El femicidio de Chiara Páez actuó como un reactivo químico sobre una sociedad que ya venía procesando otros casos atroces. Sin embargo, la edad de la víctima, su estado de gravidez y la frialdad del femicida generaron un clima de indignación que desbordó las fronteras de Santa Fe. Fue a través de las redes sociales y del impulso de un grupo de periodistas, escritoras y activistas que la consigna «Ni Una Menos» tomó forma. El planteo era simple y desgarrador: ¿nos van a seguir matando?

El 3 de junio de 2015, menos de un mes después del hallazgo, más de 300.000 personas se concentraron frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires, y otras cientos de miles lo hicieron en ochenta ciudades del país. No fue una marcha más; fue un hito fundacional. Por primera vez, el femicidio salía de la sección de «crímenes pasionales» para ser entendido como un problema de derechos humanos y seguridad pública. La consigna se internacionalizó rápidamente, llegando a países como Chile, Uruguay, Brasil, México e incluso España.

La respuesta estatal y la deuda de las estadísticas

Antes del movimiento nacido tras el femicidio de Chiara Páez, el Estado argentino carecía de registros oficiales centralizados sobre violencia de género. La visibilidad del caso forzó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a crear el Registro Nacional de Femicidios. Los datos que empezaron a surgir confirmaron lo que el activismo denunciaba: el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres y el agresor suele ser alguien del entorno íntimo.

Estadísticas recientes muestran que la problemática no ha cedido. En 2022, se registraron 242 femicidios, lo que representa una víctima cada 36 horas. El patrón se repite con una precisión macabra: el 83% de las víctimas conocía a su asesino y el 73% mantenía o había mantenido una relación afectiva. A pesar de la creación de ministerios, líneas de ayuda como la 144 y protocolos de actuación, el sistema judicial sigue mostrando fallas críticas en la protección de las mujeres que denuncian amenazas previas.

Controversia judicial: el fallo que indignó a Rufino

La búsqueda de justicia para Chiara tampoco estuvo exenta de sombras. Manuel Mansilla fue condenado originalmente a 21 años de prisión. Sin embargo, el máximo tribunal de la provincia de Santa Fe generó un fuerte repudio al considerar que el caso debía tratarse bajo los principios del derecho penal juvenil, debido a la edad del victimario al momento del crimen.

Este fallo, que acogió un recurso de inconstitucionalidad, abrió la puerta a una reducción de la pena, lo que fue vivido por la familia Páez y por las organizaciones feministas como una nueva vulneración. La discusión sobre la responsabilidad penal juvenil versus la gravedad de un femicidio volvió a ponerse sobre la mesa, evidenciando que la legislación aún lucha por integrar la perspectiva de género con los marcos internacionales de protección de la minoridad.

Conclusión: una memoria que exige acciones

El femicidio de Chiara Páez no es solo un recuerdo doloroso; es una herida abierta que obliga a la revisión constante de nuestras estructuras sociales. El movimiento que nació de su pérdida logró avances impensados hace una década: la Ley Micaela, el fortalecimiento de las unidades fiscales especializadas y una condena social unánime hacia la violencia machista.

No obstante, mientras las cifras de muertes violentas sigan estancadas y la justicia continúe aplicando criterios que relativizan el daño, el «Ni Una Menos» seguirá siendo un grito de guerra necesario. La memoria de Chiara exige que el compromiso no se limite a una fecha en el calendario, sino a una transformación profunda de los mecanismos de contención que hoy, lamentablemente, siguen llegando tarde para muchas mujeres.