Caputo bajo la lupa por la retención de fondos viales

La gestión de Luis Caputo al frente del Palacio de Hacienda enfrenta una nueva y severa denuncia parlamentaria. Un grupo de diputados nacionales reveló que el Gobierno nacional habría retenido un total de $1.165.491 millones que, por mandato legal, debían ser transferidos directamente al mantenimiento y reparación de la red vial argentina. Los fondos, provenientes de la recaudación del impuesto a los combustibles, permanecen en las arcas del Tesoro mientras el estado de las carreteras nacionales muestra un deterioro acelerado que ya activa alarmas en gobernaciones e intendencias de todo el país.

El origen de los fondos retenidos

El sistema de financiamiento vial en Argentina se apoya estructuralmente en el impuesto sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono. Según la normativa vigente, un porcentaje específico de este tributo tiene como destino exclusivo el Sistema Vial Integrado (SIVIAL). Este mecanismo fue diseñado para garantizar que la expansión del parque automotor y el consumo de hidrocarburos retroalimenten de forma automática la inversión en infraestructura.

Sin embargo, el informe técnico presentado por los legisladores detalla que, a pesar del fuerte incremento en la recaudación nominal de este tributo —impulsado por las sucesivas actualizaciones de precios en los surtidores durante 2023 y el inicio de 2024—, los giros correspondientes a la Dirección Nacional de Vialidad y otros organismos del sector han sido virtualmente congelados. La cifra de $1,1 billones representa una masa de recursos que, en términos reales, permitiría reactivar centenares de obras de bacheo, repavimentación y señalización que hoy se encuentran paralizadas.

El impacto en la infraestructura federal

La consecuencia más visible de esta retención de fondos es el estado crítico de las rutas nacionales. El reporte legislativo y las quejas provenientes de diversas cámaras de transporte coinciden en un diagnóstico sombrío: calzadas con deformaciones, banquinas inexistentes y señalética deficiente. Esta situación no solo ralentiza el flujo logístico necesario para las economías regionales, sino que incrementa exponencialmente los índices de siniestralidad vial.

Expertos en infraestructura advierten que el costo de «ahorrar» en mantenimiento hoy se multiplicará en el futuro. Cuando una ruta supera cierto umbral de deterioro, ya no basta con un mantenimiento preventivo; se requiere una reconstrucción total, cuyo valor es hasta diez veces superior. En este sentido, la estrategia de ajuste fiscal aplicada por Luis Caputo es vista por la oposición como una «miopía financiera» que sacrifica activos estratégicos del Estado para mostrar superávit en las cuentas públicas de corto plazo.

Rebelión en las provincias e intendencias

El conflicto ha dejado de ser una disputa técnica en los pasillos del Congreso para convertirse en un foco de tensión política federal. Intendentes de diversos signos políticos han comenzado a coordinar acciones conjuntas. En las últimas semanas, se han multiplicado las reuniones en Buenos Aires donde mandatarios locales exigen respuestas inmediatas ante el abandono de tramos nacionales que atraviesan sus distritos.

Los gobernadores, por su parte, evalúan una «cumbre de emergencia». Para las provincias, la falta de inversión nacional traslada una presión insoportable a las arcas locales, ya que los ciudadanos reclaman a la autoridad más cercana, independientemente de la jurisdicción de la ruta. Además, el transporte de carga, motor de las exportaciones agroindustriales, se ve directamente afectado por los costos de logística derivados del mal estado de los caminos, restando competitividad al sector productivo.

Posibles derivaciones judiciales

La denuncia no se limita a la exposición pública del dato. Los diputados que lideran la iniciativa sostienen que la retención de estos fondos específicos constituye un incumplimiento de los deberes de funcionario público y una violación a las leyes de presupuesto. Al tener una asignación específica por ley, el Ejecutivo no tendría facultades discrecionales para desviar o retener esos montos con el fin de cubrir otras metas fiscales.

«No estamos hablando de fondos coparticipables en disputa, sino de un impuesto que el ciudadano paga en el surtidor con la garantía de que ese dinero vuelve en asfalto», señalaron fuentes legislativas. En este escenario, no se descarta que el conflicto termine en la Corte Suprema de Justicia, sumándose a la ya larga lista de reclamos provinciales por fondos retenidos, como los de transporte y educación.

Conclusión

La estrategia de «caja» del Ministerio de Economía parece haber encontrado un límite en la infraestructura básica del país. Mientras los números fiscales de Luis Caputo cierran en las planillas de Excel, el estado de las rutas nacionales cuenta una historia diferente. El desafío para el Gobierno será equilibrar la urgencia del ajuste con la responsabilidad legal y funcional de mantener las venas por las que circula la economía argentina. El silencio ante el reclamo de $1,1 billones podría transformarse, en breve, en un costo político y judicial de difícil resolución para la administración central.