Caso ANDIS: el fiscal Marijuan denunció una estructura de recaudación ilegal en el organismo

La investigación judicial sobre la presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha alcanzado un punto de inflexión crítico. El fiscal federal Guillermo Marijuan, en un reciente dictamen presentado ante el juez Sebastián Ramos, describió al organismo como una verdadera «ventanilla de pagos indebidos». Según la fiscalía, durante la gestión investigada se habría desnaturalizado la función social del ente para convertirlo en un aceitado mecanismo de recaudación ilícita que afectó directamente a los sectores más postergados.

Una estructura jerárquica para el cobro de sobornos

La acusación fiscal apunta a un esquema de «negocios espurios» liderado, presuntamente, por los exfuncionarios Diego Spagnuolo y Pablo Calvete. El dictamen sostiene que el otorgamiento de fondos estatales, especialmente aquellos vinculados al programa Incluir Salud, no seguía criterios técnicos o de necesidad, sino que estaba condicionado al pago de retornos por parte de los prestadores de servicios.

La maniobra consistía en establecer prioridades arbitrarias en la cadena de pagos: aquellas empresas, clínicas o transportistas que aceptaban entregar un porcentaje de su facturación recibían sus fondos de manera inmediata. Por el contrario, quienes se negaban a participar del circuito de coimas sufrían demoras injustificadas que ponían en riesgo la prestación del servicio y la sostenibilidad financiera de las instituciones.

El impacto en los sectores más vulnerables

Uno de los puntos más severos del dictamen de Marijuan subraya la gravedad ética del fraude. Al desviar fondos destinados a la atención médica, traslados y tratamientos de personas con discapacidad, la estructura criminal no solo defraudó al Estado, sino que vulneró derechos humanos fundamentales. Para la fiscalía, el uso de un organismo con fines asistenciales como herramienta de extorsión financiera representa un agravante sustancial en la causa.

Las pruebas recolectadas hasta el momento por el Ministerio Público Fiscal incluyen:

• Registros de comunicaciones: Cruces de llamadas que vinculan a funcionarios con prestadores en fechas clave de pagos.

• Movimientos bancarios: Flujos de dinero sospechosos que no coinciden con los ingresos declarados de los involucrados.

• Testimonios clave: Declaraciones de empresarios del sector salud que admitieron haber sido presionados para ingresar al circuito de retornos.

El rol de los intermediarios y el alcance del poder

La investigación también pone el foco en una red de intermediarios que actuaban como nexo entre los altos mandos de la ANDIS y los prestadores privados. Estos actores eran los encargados de negociar los porcentajes de las coimas, que en varios casos alcanzaban cifras millonarias debido a las abultadas deudas que el Estado mantenía con el sector.

La Justicia busca determinar ahora si el dinero recaudado ilegalmente se agotaba en la cúpula del organismo o si, por el contrario, escalaba hacia esferas superiores del poder político de aquel entonces. La sospecha de una «caja política» es una de las hipótesis que Marijuan intenta robustecer con las nuevas medidas de prueba solicitadas.

Definiciones procesales y reclamo de auditoría

La causa se encuentra ahora en manos del juez Sebastián Ramos, quien deberá evaluar el pedido de indagatorias y decidir el procesamiento de los más de veinte involucrados en el expediente. La presión sobre el juzgado es alta, dado el impacto social que genera la malversación de fondos destinados a la salud pública.

Mientras tanto, diversas organizaciones civiles y prestadores del sector de discapacidad han solicitado una auditoría integral y transparente de la ANDIS. El objetivo es garantizar que, de ahora en adelante, los recursos lleguen a los beneficiarios finales sin la necesidad de enfrentar «peajes» ilegales que comprometan la calidad de vida de miles de ciudadanos.