La Justicia ordenó allanamientos en inmobiliarias por la causa contra Manuel Adorni
El fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso operativos en firmas vinculadas a la compra de un inmueble en Caballito y el levantamiento del secreto bancario para investigar posibles inconsistencias patrimoniales.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este miércoles un capítulo de alta tensión judicial. Por orden de la Justicia federal, se realizaron allanamientos en tres inmobiliarias que intervinieron en la compra de un departamento ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito. La medida, que busca determinar si existió una subvaluación de la propiedad y transparentar la cadena de intermediarios, coincide con el levantamiento del secreto bancario del funcionario para rastrear el financiamiento de viajes de lujo al exterior.
Bajo la lupa: préstamos privados y sospechas de subvaluación
El operativo fue impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita tras la declaración testimonial de la escribana Adriana Nechevenko de Schuster, quien participó en la firma de las escrituras. Aunque la profesional sostuvo ante la Justicia que la operación fue «normal» y se ajustó a los protocolos vigentes, el expediente judicial arroja sombras sobre el origen de los fondos.
La investigación puso el foco en el financiamiento de la propiedad: el 87% del valor declarado habría sido cubierto mediante préstamos privados otorgados por cuatro mujeres, entre ellas jubiladas y empleadas públicas. Los investigadores advierten que los perfiles económicos de estas prestamistas no guardarían proporción con los montos transferidos al funcionario nacional. La principal hipótesis del Ministerio Público Fiscal es que estas personas podrían haber actuado como prestanombres de un inversor oculto o que el dinero provendría de fondos no declarados por el propio Adorni.
El rastro de los vuelos privados
En simultáneo con los procedimientos en las inmobiliarias, la Justicia avanzó con el levantamiento del secreto bancario y fiscal del jefe de Gabinete. Esta medida busca clarificar cómo se costearon diversos traslados internacionales, específicamente vuelos privados a Nueva York y a Punta del Este, este último realizado durante el pasado feriado de Carnaval.
La sospecha central es que estos viajes habrían sido facturados a nombre de terceros vinculados contractualmente con el Estado nacional. En particular, se investiga la relación entre el funcionario y el periodista Marcelo Grandio, quien —según testigos— habría sido el encargado de abonar los vuelos a través de una empresa que mantiene contratos vigentes con la TV Pública, área que se encuentra bajo la órbita de gestión de la Jefatura de Gabinete.
Un patrimonio en el centro de la escena judicial
La imputación formal contra Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito fue dictada el 27 de marzo de 2026 y recayó en el juzgado de Ariel Lijo. El expediente acumula múltiples inconsistencias que el funcionario deberá explicar. Entre ellas, se destaca que el inmueble de Caballito habría sido escriturado por menos de la mitad de su valor real de mercado.
Además, la Justicia detectó que Adorni omitió declarar otros inmuebles de su propiedad al momento de la compra en cuestión. A esto se suma la situación patrimonial de su esposa, titular de una propiedad en un exclusivo barrio privado cuyas expensas mensuales superan, de acuerdo con los registros, los ingresos netos declarados por el matrimonio hasta el año 2025.
Conclusión: un escenario judicial complejo
Los allanamientos de esta jornada marcan un punto de inflexión en la investigación, pasando de la etapa de recolección documental a medidas de acción directa sobre los actores del mercado inmobiliario. Mientras la defensa de Adorni intenta desestimar las acusaciones alegando una persecución política, el avance de las pericias bancarias y el análisis de los contratos cruzados con proveedores del Estado perfilan un panorama jurídico delicado para uno de los hombres más cercanos al Presidente.
