Fentanilo y propofol: la trama detrás del robo de drogas hospitalarias

La investigación por el desvío y consumo de medicamentos de uso hospitalario sumó un capítulo determinante tras una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado Criminal y Correccional N°60. Los operativos, realizados en domicilios de Tigre y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, buscan desarticular una red de robo de fármacos quirúrgicos que quedó al descubierto tras la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar en febrero pasado. El hallazgo de propofol y la aparición de ampollas de fentanilo de un laboratorio inhibido por la ANMAT sugieren una conexión con causas de narcotráfico y adulteración de sustancias de alcance nacional.

Operativos en Tigre y Capital Federal

El procedimiento más fructífero tuvo lugar en una vivienda de Tigre, donde las fuerzas de seguridad lograron incautar una cantidad no especificada de propofol, un potente agente anestésico de uso exclusivo en quirófanos. En simultáneo, se intervino un domicilio sobre la avenida Santa Fe, en el barrio porteño de Palermo, aunque en este último caso los resultados fueron negativos. Estas acciones forman parte de la instrucción que intenta reconstruir el camino de las drogas desde las farmacias hospitalarias hacia el mercado ilegal o el consumo personal de profesionales de la salud.

La causa cobró un nuevo impulso tras la declaración de Chantal Lecrecq, una profesional que admitió haber consumido propofol sustraído ilegalmente del Hospital Rivadavia. En su testimonio ante las autoridades sanitarias, Lecrecq detalló un patrón de consumo que incluía no solo drogas recreativas, sino un peligroso cóctel de sustancias médicas como ketamina, fentanilo y midazolam, compartido presuntamente con otros residentes del sistema público.

El nexo con el fentanilo prohibido

El punto más alarmante de la investigación surgió tras el peritaje en el departamento del enfermero Eduardo Bentancourt, hallado sin vida el pasado 3 de abril. Entre el arsenal de fármacos secuestrados en su vivienda —que incluía adrenalina, diazepam y clonazepam— se encontraron ampollas de fentanilo inyectable de la firma HLB Pharma Group SA. Este dato no es menor: dicho laboratorio fue objeto de una prohibición total por parte de la ANMAT en 2025, tras detectarse irregularidades en su producción y distribución.

Este hallazgo vincula directamente la causa local con la investigación federal liderada por el juez Ernesto Kreplack, quien analiza la relación entre este lote específico de fentanilo y una serie de muertes ocurridas en el país por intoxicación con opioides. La presencia de estas ampollas en manos de un particular fuera del circuito sanitario oficial refuerza la hipótesis de un mercado negro de medicamentos robados que pone en riesgo extremo la salud pública.

Desvío de fármacos: un sistema en alerta

La trama judicial pone bajo la lupa los controles de seguridad en los hospitales públicos y privados. El desvío de insumos sensibles, como el fentanilo —un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína—, evidencia fallas críticas en la trazabilidad de los medicamentos. La jeringa y los teléfonos celulares incautados en los últimos procedimientos son ahora piezas clave para determinar si existía una red de comercialización organizada o si se trataba de casos aislados de abuso de sustancias por parte de personal médico.

El caso Zalazar y la muerte de Bentancourt parecen ser solo la punta del iceberg de una problemática que preocupa profundamente al sistema de salud argentino. La investigación continúa con el análisis de la documentación secuestrada, mientras se espera que nuevos testimonios de profesionales del Hospital Rivadavia permitan esclarecer cómo estas drogas de alta peligrosidad terminaron fuera del quirófano, alimentando una crisis de consumo y muerte en el ámbito sanitario.

Conclusión: hacia una mayor trazabilidad

El avance de esta causa exige una revisión urgente de los protocolos de manejo de narcóticos en los centros de salud. La conexión con el caso del fentanilo adulterado eleva la gravedad de la situación a un problema de seguridad nacional. La justicia deberá determinar ahora las responsabilidades administrativas y penales de quienes permitieron que fármacos letales, ya prohibidos por la autoridad regulatoria, continuaran circulando en el mercado negro bajo la apariencia de insumos médicos.