Causa por enriquecimiento ilícito: la Justicia ordena nuevas medidas de prueba contra Manuel Adorni

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni ha cobrado un nuevo impulso en los tribunales federales. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó una batería de diligencias probatorias para determinar si existen inconsistencias entre los ingresos del actual jefe de Gabinete y el crecimiento de sus activos. La causa, que surge a raíz de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, pone bajo la lupa no solo las declaraciones juradas del funcionario, sino también la veracidad de préstamos familiares y la posible existencia de propiedades no declaradas en barrios privados.

El foco en el incremento patrimonial y activos financieros

El eje central de la pesquisa radica en un presunto aumento patrimonial que, según la denuncia original, habría alcanzado un 500% en un solo período fiscal. Ante esta sospecha de enriquecimiento ilícito, la fiscalía ha requerido informes detallados a organismos clave como el Registro de la Propiedad Inmueble (tanto de Ciudad como de Provincia de Buenos Aires), la Dirección Nacional de los Registros del Automotor y la Oficina Anticorrupción.

Uno de los puntos que mayor suspicacia genera en los investigadores es la justificación de ciertos activos mediante «préstamos mutuos» con familiares. La justicia busca verificar la solvencia de quienes habrían otorgado dicho dinero, incluyendo a la madre del funcionario y a una mujer de 95 años. Pollicita pretende cruzar los ingresos de estas personas con los montos declarados por Adorni para confirmar si se trató de operaciones legítimas o de una maniobra para encubrir ingresos de otra procedencia.

La misteriosa vivienda en Indio Cuá Golf Club

La investigación también apunta a la presunta omisión de un bien inmueble en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción. Se trata de una vivienda de dos plantas ubicada en el Country Indio Cuá Golf Club, en la localidad de Exaltación de la Cruz.

Según los indicios que maneja la fiscalía, la construcción podría haber sido financiada o gestionada por el propio funcionario, pero no figura en sus registros oficiales. Para esclarecer esta situación, se han solicitado informes a la administración del country y al municipio local. El objetivo es rastrear:

• Permisos de obra a nombre del funcionario o su pareja.

• Registros de pago de expensas y servicios.

• Titularidad del lote y movimientos de compraventa recientes.

Viajes al exterior y traslados en aviones privados

Más allá de las propiedades, el fiscal Pollicita ordenó relevar los movimientos migratorios de Manuel Adorni desde el año 2022. La justicia pone la lupa sobre diversos viajes internacionales realizados en el marco de sus funciones oficiales, donde se habría detectado la presencia de su pareja, y un traslado específico a Uruguay efectuado en un avión privado.

Estas medidas buscan reconstruir el nivel de gastos del funcionario y compararlo con sus remuneraciones como servidor público. Se investigará si los viáticos, compensaciones y gastos de traslado guardan relación con las tareas encomendadas por el Estado o si, por el contrario, representan un beneficio patrimonial no declarado o incompatible con su rol.

El origen de la denuncia

La causa penal fue impulsada por la diputada Marcela Pagano, quien advirtió sobre la falta de claridad en la procedencia de fondos y la supuesta omisión de depósitos en el exterior y activos financieros. La legisladora señaló que las inconsistencias son «manifiestas» entre las distintas presentaciones realizadas por el jefe de Gabinete desde que asumió su cargo, inicialmente como vocero presidencial.

Con la información que se obtenga de los registros societarios, laborales y migratorios, la justicia deberá decidir si el incremento de la riqueza de Adorni tiene una base legal sólida o si, por el contrario, amerita un llamado a declaración indagatoria por el delito de enriquecimiento ilícito. Por ahora, el jefe de Gabinete permanece imputado mientras se procesa la montaña de datos solicitada por el Ministerio Público Fiscal.