Causa $Libra: crece la tensión por el rol del fiscal Taiano y las pruebas ocultas

El malestar con el fiscal Eduardo Taiano ha dejado de ser un murmullo de pasillo para convertirse en una crisis abierta en los tribunales de Retiro. La conducción de la causa $Libra, que investiga una presunta estafa y delitos vinculados a la promoción de un token por parte del presidente Javier Milei en febrero de 2025, atraviesa su momento más crítico tras revelarse irregularidades en el manejo de pruebas tecnológicas fundamentales.

El foco del conflicto: la pericia de la Datip

La controversia central gira en torno a los dispositivos secuestrados a Mauricio Novelli y Sergio Morales, imputados en el expediente. La Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) finalizó un peritaje que, según trascendidos, contiene el «hilo de Ariadna» de la investigación: el contrato inteligente y los acuerdos reservados entre el mandatario argentino y el creador del activo, el estadounidense Hayden Mark Davis.

A pesar de la relevancia del material, las querellas —encabezadas por Martín Romeo y el diputado Juan Grabois— denuncian una actitud reticente por parte de la fiscalía. El 24 de febrero, Taiano subió al sistema Lex 100 un informe de 35 páginas, pero mantuvo bajo estricta reserva los anexos que contienen el grueso de la evidencia. Lo que más irrita a las partes es la cronología de la demora: la información llegó a la fiscalía el 9 de enero, pero el funcionario se tomó 22 días hábiles tras el fin de la feria judicial para poner a disposición apenas un extracto.

Filtraciones y sospechas de parcialidad

La situación escaló la semana pasada cuando la abogada Natalia Volosin hizo público un borrador del acuerdo entre Davis y Milei, junto a un comprobante de pago por 250 mil dólares realizado por María Pía Novelli hacia la firma Kelsier Group Latam.

Este hecho disparó las alarmas de los querellantes. «¿Cómo es posible que información que nosotros no podemos ver en el expediente ya circule en sitios web públicos?», cuestionó Romeo, sugiriendo una posible filtración interesada. Ante este escenario, la representación de Grabois solicitó formalmente al procurador general interino, Eduardo Casal, que designe un equipo de fiscales para acompañar —y supervisar— a Taiano, argumentando que la magnitud de la causa excede su capacidad actual o su voluntad de avance.

«Estamos ante una vulneración directa al derecho al control de la investigación que la ley reconoce a las partes», señalaron desde la querella.

La defensa de Comodoro Py

Desde el entorno del fiscal y fuentes de Comodoro Py, la lectura es diametralmente opuesta. Defienden la actuación de Taiano alegando que el volumen de información procesado por la Datip es «monstruoso» y que su carga en los sistemas habituales resulta técnicamente inviable.

Según estas fuentes, el fiscal planea entregar el material mediante discos rígidos externos, pero primero debe resolver un planteo de la defensa de Novelli, que exige filtrar cualquier dato privado que no sea relevante para el objeto procesal. En la práctica, esto supone un nuevo filtro que estira los plazos y mantiene la incertidumbre sobre el contenido real de los chats y documentos hallados.

Un interrogante que el poder no responde

A más de un año del inicio de las actuaciones, la pregunta sobre el grado de implicancia directa de Javier Milei sigue sin respuesta judicial firme. La causa busca determinar si existió un acuerdo espurio para promocionar un activo financiero que terminó perjudicando a miles de usuarios.

Mientras Taiano resiste en su cargo y el juez Marcelo Martínez de Giorgi mantiene su respaldo, el tiempo juega a favor de la dispersión de la prueba. El fiscal ahora debe decidir si abre finalmente el «cofre» de los anexos o si continúa administrando la información a cuentagotas, en un caso que mezcla finanzas digitales, ética pública y las más altas esferas del poder político en Argentina.