Quebró la firma que fabricaba Mendicrim y hay 200 despidos

La crisis en el sector lácteo argentino alcanzó un punto crítico con la declaración de quiebra de la empresa Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), firma que operaba las líneas de productos frescos de SanCor, incluyendo los emblemáticos postres Shimmy y el queso crema Mendicrim. La medida judicial deja a 200 familias sin sustento tras un prolongado conflicto que afectó a las plantas ubicadas en Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Representantes gremiales denuncian que la situación fue provocada deliberadamente por la patronal para eludir el pago de salarios adeudados desde el año pasado y facilitar el cierre definitivo.

Un proceso de vaciamiento denunciado por el gremio

Luciano Asad, secretario General de Atilra (Junín) y delegado de ARSA, describió un escenario de deterioro que se profundizó tras la pandemia. Según el dirigente, el conflicto escaló significativamente en 2024, cuando la empresa cesó el pago de haberes. «Desde el año pasado no cobramos el salario. Este conflicto fue inducido por la empresa como una estrategia para llegar a la quiebra y culpar a los trabajadores», afirmó Asad. La situación llegó a su límite en mayo de 2025, cuando la firma anunció un cierre temporal de un mes que terminó convirtiéndose en el cese total de operaciones.

La trama corporativa detrás de la caída de ARSA suma elementos de opacidad. El gremio apunta a la participación del Grupo Vicentin y a un presunto grupo inversor venezolano, a quienes vinculan con maniobras de vaciamiento similares a las ocurridas anteriormente en La Suipachense. «Hay un entramado bastante oscuro y detrás de eso 200 personas en la calle», sentenció el delegado, subrayando que la patronal desapareció físicamente de las instalaciones antes de que la justicia dictara la quiebra formal en octubre pasado.

La apuesta por la autogestión obrera

Frente al abandono empresarial, los operarios de las plantas afectadas han decidido organizarse para preservar sus fuentes de trabajo. En un intento por rescatar las unidades productivas, los empleados conformaron una cooperativa y presentaron un proyecto de inversión ante la justicia comercial. El objetivo es obtener la autorización judicial para operar las instalaciones y retomar la producción de marcas que conservan un alto valor en el mercado interno y una fuerte fidelidad por parte de los consumidores.

Actualmente, las fábricas se encuentran bajo custodia policial, solicitada por los propios trabajadores para evitar el retiro de maquinaria e insumos clave. La comunidad de las zonas afectadas y el sindicato Atilra esperan que el sistema judicial priorice el «trabajo genuino» y otorgue una oportunidad a la gestión cooperativa. El caso de ARSA se convierte así en un testigo de la tensión entre las estrategias de salida empresarial por vía de la quiebra y la resistencia de los trabajadores en un contexto económico recesivo.