Reforma laboral y monotributo: el fin de la presunción laboral y el riesgo del desfinanciamiento previsional
La nueva normativa legitima la figura del "trabajador colaborador", permitiendo que contratos de locación y facturación desactiven reclamos por empleo encubierto, mientras crece la preocupación por el déficit del sistema jubilatorio.
El proyecto de reforma laboral, que ya cuenta con media sanción del Senado, introduce un cambio de paradigma que redefine los límites entre el empleo dependiente y el trabajo autónomo. Al legalizar la figura del trabajador colaborador y validar los contratos de locación de servicios como prueba suficiente de independencia, la norma otorga un blindaje legal a esquemas que, hasta hoy, la justicia solía encuadrar como relaciones laborales encubiertas. Esta modificación no solo altera la arquitectura del derecho laboral argentino, sino que plantea un serio interrogante sobre la sostenibilidad del sistema previsional.
El certificado de defunción de la «primacía de la realidad»
Históricamente, la Ley de Contrato de Trabajo se basaba en el principio de primacía de la realidad: si un trabajador cumplía horarios, recibía órdenes y cobraba un sueldo fijo, se presumía la existencia de una relación de dependencia, independientemente de si emitía facturas. La nueva reforma invierte esta lógica. A partir de ahora, la existencia de un contrato de locación de obra o servicios y la correspondiente facturación serán suficientes para desactivar dicha presunción.
Dos artículos resultan determinantes: la exclusión explícita de las contrataciones de servicios, fletes y plataformas del ámbito laboral, y la validación del esquema de colaboradores. Para las empresas, esto se traduce en una reducción drástica de la litigiosidad y de los costos de contratación; para el trabajador, implica la pérdida de beneficios básicos como vacaciones pagas, aguinaldo, cobertura de ART e indemnización por despido.
Un mercado laboral que huye de la formalidad
Las estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) confirman una tendencia que la reforma ahora busca institucionalizar. Mientras el empleo asalariado privado cayó un 1,3% interanual, el monotributo creció un 4,2%. Solo en noviembre se destruyeron 23.400 puestos de trabajo formales, mientras que en los últimos dos años se registraron 137.400 altas de monotributistas y autónomos.
El escenario actual muestra a más de 5 millones de trabajadores independientes frente a 6,2 millones de asalariados privados. De ese universo independiente, se estima que cerca de 2,1 millones son monotributistas «puros» que, en la práctica, cumplen funciones de empleados dependientes pero bajo un régimen fiscal que los deja en una situación de mayor vulnerabilidad e inestabilidad.
El impacto fiscal: la crisis del sistema jubilatorio
Más allá de la pérdida de derechos individuales, la reforma abre un agujero negro en las cuentas públicas. La conversión de empleos formales en contratos de monotributo implica una caída estrepitosa en la recaudación de contribuciones patronales. La ecuación previsional es alarmante: mientras que se necesitan aproximadamente 3 activos formales para financiar una jubilación, en el régimen de monotributo se requieren 19 aportantes para sostener un haber mínimo, debido al bajo componente previsional que abonan.
«Cada conversión de empleo asalariado en monotributo implica una merma en contribuciones patronales y aportes al sistema previsional», advierten especialistas en finanzas públicas.
