El INDEC bajo la lupa: la trama política detrás de la postergación del nuevo IPC

En el inicio de 2026, la transparencia estadística de la gestión de Javier Milei enfrenta su mayor desafío. La controversia no gira en torno a la carga de datos, sino a la metodología: el uso persistente de una estructura de consumo del año 2004 para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según diversos analistas y consultoras privadas, esta «anacronía estadística» permite al Gobierno reportar cifras de inflación sensiblemente menores a las que perciben los hogares, sosteniendo un relato de estabilidad que choca con la realidad del bolsillo y las cuentas públicas.

El desfase del 2004: una canasta que ya no existe

El IPC actual se rige por ponderadores de hace 22 años. En aquel entonces, el peso relativo de los alquileres, las tarifas de servicios públicos y las telecomunicaciones en el presupuesto familiar era marginal comparado con el actual. Hoy, tras la megadevaluación de finales de 2023 y los constantes «tarifazos» de 2024 y 2025, estos rubros devoran una porción mayoritaria de los ingresos.

Al mantener los ponderadores de 2004, el INDEC subestima la inflación en los sectores donde más han subido los precios. Cálculos de la consultora PxQ, dirigida por Emmanuel Álvarez Agis, estiman que la brecha acumulada por no haber actualizado el índice asciende a 16,2 puntos porcentuales. En términos prácticos, esto significa que el costo de vida real es significativamente más alto que el número oficial que celebra el Ministerio de Economía.

La «licuadora» fiscal y el ahorro de 5 billones de pesos

Detrás de la discusión técnica subyace un objetivo netamente político y fiscal. Más del 50% del gasto público nacional corresponde a la Seguridad Social (jubilaciones, pensiones y AUH), partidas que se ajustan mensualmente por la inflación oficial. Si el IPC marca menos, el Estado paga menos.

• Ahorro forzado: Un informe de la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia cuantifica este ahorro en 5 billones de pesos (0,5% del PBI).

• Ficción del superávit: Si se aplicara el IPC basado en la encuesta de 2018 (ENGHo), los gastos indexados subirían automáticamente, lo que pondría en jaque el superávit fiscal que Luis Caputo exhibe como el mayor logro de la gestión.

• Impacto en contratos: La subestimación también distorsiona los créditos UVA, los alquileres y los títulos públicos atados al CER, perjudicando a los acreedores y beneficiando indirectamente la estrategia de desendeudamiento del Estado a costa del sector privado.

La destrucción del salario real: una brecha invisible

El análisis de la consultora Vectorial arroja luz sobre la diferencia entre la narrativa oficial y la capacidad de compra efectiva. Al comparar los salarios con la canasta actualizada (2018) en lugar de la oficial (2004), la caída del poder adquisitivo de los trabajadores privados registrados entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 no sería del 1,2%, sino de un demoledor 7,7%.

Este desfase explica fenómenos sociales actuales como el máximo histórico en pluriempleo y la irregularidad en la cadena de pagos de las familias. El termómetro oficial parece marcar una fiebre moderada, mientras que el paciente —la clase media y los sectores vulnerables— experimenta una crisis de ingresos mucho más profunda.

Un riesgo para la credibilidad institucional

La postergación del nuevo IPC, que según técnicos del INDEC está listo para publicarse desde hace años, abre un flanco de desconfianza que Argentina ya conoció en la década pasada. Cuando las estadísticas públicas se alejan de la percepción cotidiana, se rompe la confianza social y se distorsiona el debate presupuestario.

Para la administración libertaria, admitir un IPC con base 2018 implicaría reconocer que la inflación de 2026 arranca con un piso cercano al 3%, lejos de las proyecciones anuales del 10,1% presentadas en el Presupuesto. En este escenario, la estabilidad no aparece como un logro consolidado, sino como una construcción sostenida sobre la postergación de reformas estadísticas necesarias.