Caso Silvina Luna: amplían la pericia médica y se complica la situación de Aníbal Lotocki

La causa judicial que investiga el fallecimiento de Silvina Luna ha dado un giro determinante este martes. A instancias de la querella representada por Fernando Burlando, la Justicia nacional ordenó ampliar la pericia médica sobre el cuerpo de la modelo, una medida que busca establecer una conexión directa y científica entre las intervenciones de Aníbal Lotocki y el fallo multiorgánico que terminó con la vida de la actriz. Con este movimiento, la situación procesal de Lotocki, quien permanece detenido e imputado por homicidio simple, se vuelve cada vez más comprometida frente a la posibilidad de que se prueben omisiones médicas deliberadas.

El foco en la evolución clínica y los granulomas

La medida judicial, incorporada formalmente al expediente este 3 de febrero de 2026, recae sobre el estudio pericial realizado originalmente el 15 de septiembre de 2025. El objetivo primordial de la junta médica será responder a cuatro interrogantes técnicos que la familia de Luna, encabezada por su hermano Matías, considera vitales para la acusación.

El primer eje de la investigación intenta fechar con exactitud la aparición de los granulomas —masas de tejido inflamatorio— producidos por el metacrilato. La Justicia busca determinar si existía un tratamiento preventivo que pudiera haber frenado la hipercalcemia (exceso de calcio en sangre), condición que fue el detonante de la insuficiencia renal crónica que padeció la modelo durante años. Establecer el «momento de aparición» permitirá a los peritos concluir si el deterioro era reversible o si fue ignorado sistemáticamente por el profesional a cargo.

Responsabilidad profesional y controles postoperatorios

Uno de los puntos más críticos de la ampliación pericial radica en la evaluación de la conducta de Lotocki tras las cirugías. La querella cuestiona si los controles postoperatorios fueron los adecuados para el tipo de sustancias que se inyectaron. Este análisis es fundamental para la figura de homicidio simple, ya que busca probar que el médico, conociendo el riesgo de los materiales utilizados, no actuó para mitigar las consecuencias.

La junta médica deberá expedirse sobre si el imputado, basándose en su experiencia y en el cuadro clínico que presentaba Luna, estaba en condiciones de intervenir para evitar el desarrollo de los granulomas. De confirmarse que el cirujano tuvo la oportunidad de evitar el daño y no lo hizo, la imputación podría consolidarse con pruebas técnicas irrefutables.

La firma de la Justicia y el impacto del caso

La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 60, bajo la firma del juez subrogante Santiago Carlos Bignone y la secretaria Romina Ayelén Guerra. Este juzgado es el encargado de procesar el denso expediente que se ha convertido en un emblema de la lucha contra la mala praxis en cirugías estéticas y la falta de regulación en el uso de biopolímeros.

El caso de Silvina Luna no solo representa una tragedia personal para su entorno, sino que ha forzado un debate profundo en la medicina legal argentina sobre los límites de la responsabilidad profesional y el seguimiento de los pacientes en intervenciones de alta complejidad estética.

Cronología y puntos centrales de la investigación

Para comprender el estado actual de la causa, es necesario desglosar los hitos que marcaron este proceso judicial:

• Pericia original: Realizada el 15 de septiembre de 2025, sentó las bases sobre la presencia de sustancias extrañas en el organismo.

• Solicitud de la querella: Impulsada por Fernando Burlando para profundizar en la «ventana de oportunidad» médica que pudo salvar a la modelo.

• Patologías clave: La investigación se centra en la tríada granulomas-hipercalcemia-insuficiencia renal.

• Situación del imputado: Aníbal Lotocki continúa bajo prisión preventiva por el delito de homicidio simple.

• Fecha clave: El 3 de febrero de 2026 se formalizó el pedido de nuevos informes técnicos que podrían definir la elevación a juicio.

La sociedad y la comunidad médica aguardan con expectativa los resultados de esta junta médica ampliada, que podría sentar un precedente histórico en la jurisprudencia penal argentina referida a la salud.