Jubilación forzosa: el Gobierno nacional empuja al vacío a miles de trabajadores

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, bajo la conducción de Federico Sturzenegger, dictó una resolución que marca un punto de inflexión crítico para el empleo público en Argentina. La medida prohíbe la renovación de contratos por más de seis meses para trabajadores mayores de 65 años que no alcancen los 30 años de aportes necesarios para la jubilación ordinaria. Esta decisión, que se ejecuta en un contexto de ausencia de moratorias previsionales, deja a una masa de empleados experimentados sin salario, sin obra social y con la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) como única y precaria tabla de salvación.

El fin de la estabilidad para la franja etaria más vulnerable

La resolución, rubricada por el Secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, impone un requisito administrativo que funciona, en la práctica, como un despido encubierto: la presentación obligatoria de la constancia de intimación a jubilarse. Para quienes no reúnen los aportes, este documento es imposible de tramitar bajo el régimen contributivo, lo que clausura automáticamente su continuidad laboral.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el secretario general Rodolfo Aguiar calificó la iniciativa como «cruel e inhumana». La crítica sindical se centra en que la medida no distingue entre funciones críticas ni reconoce la trayectoria de agentes que, en muchos casos, cuentan con 29 años de aportes pero se ven forzados a elegir «entre la PUAM o la calle».

La PUAM: un beneficio que no cubre la canasta básica

Para los afectados, el horizonte económico es desolador. Al no poder acceder a una jubilación ordinaria, la única vía restante es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En febrero de 2026, el monto de este beneficio se sitúa en $287.403,47, alcanzando los $357.403,47 al sumar el bono extraordinario de $70.000.

Esta cifra representa apenas el 80% de un haber mínimo que ya se encuentra bajo fuertes cuestionamientos por su poder adquisitivo. Además, la PUAM conlleva deficiencias estructurales:

• Sin derecho a pensión: En caso de fallecimiento del titular, el cónyuge o derechohabientes quedan desamparados.

• Limitación de beneficios: No integra la totalidad de las prestaciones del sistema contributivo.

• Pérdida de obra social: El paso del empleo activo a la pensión implica a menudo un cambio en la cobertura de salud en una edad donde la demanda médica es máxima.

La «trampa» de la moratoria eliminada

El impacto de esta medida se potencia por una decisión política previa: la no prórroga de la Ley 27.705. Esta moratoria previsional, que permitía regularizar períodos no aportados, venció el 23 de marzo de 2025. Históricamente, el 80% de las jubilaciones en Argentina se lograban a través de este mecanismo. Sin esta herramienta, el Gobierno ha «cerrado la trampa», impidiendo que los trabajadores completen sus requisitos mientras los expulsa del sistema laboral activo.

Un ajuste masivo que no conoce de excepciones

Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el ajuste en el sector público nacional ha sido drástico. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, se perdieron 63.234 puestos de trabajo, lo que equivale a un promedio de 80 despidos diarios. La reducción del 18,4% de la planta total no ha discriminado por criterios de «criticidad».

En muchos organismos descentralizados, los trabajadores intimados son los únicos poseedores de conocimiento técnico específico acumulado por décadas. Sin embargo, la resolución de Sturzenegger prioriza el ahorro fiscal y la reducción del Estado por sobre la operatividad de las instituciones. A esto se suma que los salarios públicos han perdido un 35% de su valor real frente a la inflación en los últimos dos años, profundizando la crisis de subsistencia de quienes aún permanecen en sus puestos.

Reflexión final: el costo humano de la desregulación

La política de «jubilación forzosa» sin cumplimiento de requisitos representa el eslabón más sensible del plan de transformación del Estado. Al desvincular a trabajadores que no pueden jubilarse, el Estado no solo reduce su déficit, sino que traslada la carga al sistema de asistencia social no contributivo, precarizando la vejez de miles de ciudadanos. La falta de excepciones ante casos de necesidad operativa sugiere que el objetivo primordial es el vaciamiento de la administración pública, independientemente del costo social o la eficiencia institucional.