Baja de la edad de imputabilidad: el pedido de la Iglesia por la educación
Ante el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, la Iglesia argentina insta a priorizar la educación y el acompañamiento integral, rechazando medidas que solo busquen el castigo.
En el marco de la festividad de san Juan Bosco, patrono de la juventud, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) irrumpió en la agenda pública con un mensaje contundente sobre la baja de la edad de imputabilidad. La Comisión Ejecutiva del episcopado advirtió que centrar la discusión exclusivamente en el endurecimiento de las penas conlleva el riesgo de invisibilizar las causas estructurales que afectan a los menores. Para los obispos, cualquier reforma legislativa debe estar supeditada a un sistema de prevención y formación que garantice la reinserción social, evitando soluciones simplistas que solo acentúen las fracturas de una sociedad ya vulnerada.
Un enfoque preventivo inspirado en san Juan Bosco
La declaración de la Iglesia no es casual en su temporalidad. Al invocar la figura de san Juan Bosco, el clero argentino pone sobre la mesa el «método preventivo», una filosofía educativa basada en la proximidad del educador, el fomento del esfuerzo laboral y la convivencia armónica. Según el documento firmado por la cúpula eclesiástica, encabezada por monseñor Marcelo Colombo, la respuesta estatal ante el delito juvenil no puede agotarse en el encierro.
La jerarquía católica sostiene que la infancia y la adolescencia son un «terreno consagrado» donde deben sembrarse oportunidades de porvenir y no solo sentencias judiciales. El mensaje subraya que la verdadera prevención nace de una corresponsabilidad efectiva entre el Estado, las instituciones civiles y las familias, quienes hoy se encuentran desbordadas por la crisis social y económica.
Interrogantes sobre el régimen penal juvenil
El comunicado recupera cuestionamientos que la Pastoral Social ya había planteado en marzo de 2025. En aquel entonces, los obispos lanzaron preguntas que, a su juicio, siguen sin respuesta clara en los proyectos legislativos actuales. «¿Dónde se alojarían estos menores?», «¿Qué dispositivos de contención real existen en las provincias?» y «¿Cuáles son las alternativas pedagógicas para su inserción?».
Para la Iglesia, hablar de la baja de la edad de imputabilidad sin un presupuesto sólido para infraestructura educativa y programas de adicción es una «simplificación» del problema. La crítica apunta a que el sistema carcelario actual, lejos de rehabilitar, suele actuar como una escuela del delito para los jóvenes más vulnerables. Por ello, instan a la construcción de un régimen penal juvenil con una mirada humana e integral, que no pierda de vista la capacidad de cambio de cada individuo.
El rol de la comunidad y el Estado
El debate no ignora el dolor de las víctimas. La CEA manifestó su cercanía con aquellas familias y comunidades que sufren las consecuencias de delitos cometidos por menores. Sin embargo, recalcan que la seguridad ciudadana a largo plazo no se construye únicamente con leyes más severas, sino mediante el fortalecimiento de la escuela y el club de barrio como redes de contención.
Los obispos enfatizan que el Estado debe garantizar que los dispositivos de protección de derechos no sean meras declaraciones de deseo, sino herramientas con recursos reales. La preocupación central radica en que el debate social se centre en la edad cronológica de la punibilidad y descuide la brecha de desigualdad que empuja a los jóvenes hacia la marginalidad.
Una mirada esperanzadora hacia el futuro
El documento finaliza con un llamado a la reflexión nacional, alejándose de la polarización política que suele rodear a estos temas. Los representantes de la Iglesia argentina, incluyendo al cardenal Ángel Rossi y a los obispos César Fernández y Raúl Pizarro, apuestan por una política pública que edifique comunidad.
En definitiva, la postura de la Iglesia frente a la baja de la edad de imputabilidad es clara: no hay solución punitiva que sea efectiva si no se aborda primero la emergencia educativa y social. El desafío para los legisladores y la sociedad civil será determinar si el país está dispuesto a invertir en el «acompañamiento» que propone el episcopado o si se optará por el camino del castigo temprano como respuesta a una crisis que es, ante todo, de valores y oportunidades.
