Jubilaciones: el bono de 70.000 pesos queda congelado en febrero

La administración de Javier Milei oficializó este jueves, a través del Decreto 65/2026 publicado en el Boletín Oficial, que el bono extraordinario para jubilados y pensionados de haberes mínimos se mantendrá en $70.000 para el mes de febrero. Esta decisión marca un hito crítico en la política de seguridad social del Ejecutivo, ya que el monto permanece inalterado desde marzo de 2024, periodo en el cual la inflación acumulada ha pulverizado el valor real de dicho adicional, consolidando el ajuste fiscal sobre el sector más vulnerable de la pirámide previsional.

El impacto real del congelamiento en los ingresos

La persistencia de un monto fijo en un contexto de alta inflación representa, en la práctica, una reducción sistemática del ingreso real. Mientras que los haberes se ajustan mensualmente mediante la fórmula de movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el componente discrecional —el bono— ha quedado anclado.

Para febrero, la jubilación mínima se posiciona en $359.219,42, reflejando un incremento del 2,84% correspondiente a la inflación de diciembre. Al sumar el bono de $70.000, el ingreso total de bolsillo para quienes perciben el haber básico alcanza los $429.219,42. Sin embargo, la lectura técnica del dato revela una trampa aritmética: al no actualizarse el bono, el incremento efectivo de bolsillo para los jubilados de la mínima es de apenas un 2,3%, quedando por debajo del 2,84% que percibirán aquellos que no dependen del refuerzo para sus ingresos.

El bono como ancla del superávit fiscal

Desde el análisis económico, el mantenimiento del bono en valores nominales de hace casi un año es una pieza clave en la estrategia de «déficit cero» del Ministerio de Economía. Los especialistas coinciden en que la licuación de las jubilaciones ha sido el principal motor del superávit fiscal financiero ostentado por el Gobierno.

Con una inflación acumulada que se aproxima al 180% desde la última actualización del bono en marzo de 2024, el poder de compra de esos $70.000 se ha reducido a menos de la mitad. Esta estrategia permite al Estado reducir el gasto público en términos reales sin necesidad de modificar las leyes de movilidad vigentes, simplemente dejando que la inercia inflacionaria actúe sobre los montos fijos decretados.

Detalles del Decreto 65/2026

La normativa establece condiciones específicas para la percepción del beneficio:

• Beneficiarios plenos: Quienes perciban un monto menor o igual al haber mínimo garantizado recibirán la totalidad de los $70.000.

• Beneficiarios proporcionales: Aquellos que superen la mínima pero no alcancen el nuevo tope (haber mínimo + bono) recibirán una suma necesaria para completar dicho techo.

• Exclusión: Los jubilados que perciben haberes superiores al tope establecido no reciben ningún tipo de compensación adicional, enfrentando la inflación únicamente con el ajuste trimestral o mensual por IPC.

Perspectivas y conflictividad social

La brecha entre el costo de la Canasta Básica de los Adultos Mayores y los ingresos actuales continúa ensanchándose. Defensorías de la Tercera Edad y organizaciones de jubilados advierten que la situación es «insostenible», dado que los medicamentos y servicios básicos han subido muy por encima del nivel general de precios.

El interrogante que se plantea para los próximos meses es hasta cuándo el Ejecutivo podrá sostener el congelamiento del bono sin enfrentar un revés judicial o una presión social que obligue a una recomposición. Por el momento, la señal enviada a través del Boletín Oficial es clara: la prioridad absoluta sigue siendo la estabilidad macroeconómica y el control estricto del gasto público, incluso si esto implica que el haber mínimo pierda la carrera contra los precios mes a mes.