«Salvavidas» bonaerense: la Provincia lanza subsidios para frenar el aumento del boleto

En un contexto de alta tensión financiera entre las jurisdicciones, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó la puesta en marcha de un sistema propio de subsidios destinado a las empresas de transporte automotor de pasajeros. La medida, instrumentada a través del Ministerio de Transporte bajo la conducción de Martín Marinucci, tiene como objetivo principal evitar que la eliminación de las partidas nacionales se traduzca en aumentos desproporcionados en las tarifas que pagan diariamente los usuarios del AMBA y del interior bonaerense.

Un esquema condicionado: los requisitos para las empresas

La Resolución 18/26, que ya rige en todo el territorio provincial, establece que el acceso a estos fondos no será automático. Las empresas concesionarias deben cumplir con una serie de exigencias operativas y administrativas estrictas para garantizar la seguridad del pasajero y la transparencia del gasto público.

Entre los puntos más destacados de la normativa se encuentran:

• Seguridad y Técnica: Contar con los seguros de responsabilidad civil al día y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente en todas las unidades.

• Modernización de flota: Respetar los plazos de antigüedad permitidos para los vehículos en circulación.

• Cumplimiento laboral: Estar al día con los convenios colectivos de trabajo y los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los cuales serán auditados de forma cuatrimestral.

• Transparencia tecnológica: Tener implementado y operativo el sistema SUBE, herramienta clave para el control de la recaudación y el kilometraje recorrido.

Modalidad de pago y control de fondos

A través de la Resolución 19/26, el Ministerio aprobó el primer listado de líneas adheridas y definió una ingeniería financiera de dos etapas para la liquidación de los recursos. En primera instancia, se cubrirá hasta el 97% de los montos correspondientes al mes en curso y el siguiente. Posteriormente, se completará el total mediante pagos cuatrimestrales, previa rendición de cuentas.

Para evitar litigios eternos, la resolución impone una cláusula de cierre: una vez cubierto el 100% de la liquidación de un período, las empresas no podrán presentar nuevos reclamos administrativos. Además, el Estado provincial realizará controles periódicos sobre los kilómetros informados por las compañías para detectar posibles desvíos y ajustar los montos de forma precisa.

La pulseada por el costo del pasaje

Esta decisión se presenta como un «salvavidas» fundamental para el sistema de transporte. Sin estas compensaciones provinciales, el costo del boleto mínimo podría escalar a valores que comprometerían el acceso de miles de trabajadores y estudiantes al servicio público. No obstante, desde el Ministerio advierten que la sostenibilidad de este esquema dependerá de la estabilidad económica y del cumplimiento estricto de las auditorías previstas.

La intervención estatal busca dar previsibilidad a un sector que, tras la quita de subsidios nacionales, quedó en una situación de extrema fragilidad operativa. Al centralizar los controles y condicionar el pago al cumplimiento de normas de tránsito y previsionales, la Provincia intenta no solo subsidiar la tarifa, sino también elevar el estándar de calidad del servicio prestado.