Cambiar el apellido paterno en Argentina: cuándo es posible y qué exige la ley

En el ordenamiento jurídico argentino, el nombre y el apellido no son meras etiquetas, sino atributos esenciales de la personalidad que gozan de una protección especial. Por ello, cambiar el apellido paterno en Argentina es un proceso regido por el principio de estabilidad o inmutabilidad. Sin embargo, el Código Civil y Comercial de la Nación, en sus artículos 62 y 69, contempla excepciones cuando la identidad de la persona se ve afectada por el uso de un apellido que ya no la representa o que le causa un perjuicio.

El concepto de «justos motivos»

La ley no ofrece una lista cerrada de razones para modificar el apellido, lo que otorga a los magistrados la facultad de evaluar cada situación particular. Para que un pedido de cambio de apellido paterno prospere, el interesado debe demostrar la existencia de «justos motivos». La jurisprudencia define estos motivos como razones serias, fundadas y razonables que justifican quebrar la regla general de estabilidad.

En el caso de menores de edad, los tribunales suelen aplicar un criterio más flexible. Bajo el principio del Interés Superior del Niño, se entiende que la identidad dinámica del menor está en formación y que el apellido debe reflejar su realidad familiar y afectiva más que una herencia biológica formal.

Cuándo es posible solicitar el cambio por vía judicial

La vía judicial es la norma cuando se busca suprimir o reemplazar el apellido de origen. La justicia argentina ha identificado diversos escenarios donde el pedido resulta atendible:

• Afectación del vínculo: Casos de abandono material y afectivo, violencia familiar o abuso por parte del progenitor. En estas situaciones, el apellido se convierte en un recordatorio constante de un trauma.

• Identidad de realidad: Cuando la persona ha sido criada exclusivamente por un tercero o por su madre, y el apellido paterno no refleja su verdadera historia familiar ni su sentido de pertenencia.

• Perjuicio social o emocional: Si el apellido posee una connotación estigmatizante, vejatoria o si su uso provoca un daño psicológico debidamente acreditado mediante pericias.

• Razones culturales o étnicas: Situaciones donde el apellido afecta la integración de la persona en su comunidad de origen o contradice sus creencias fundamentales.

Es importante destacar que no basta con una simple preferencia estética o un desacuerdo familiar pasajero; debe existir un impacto negativo concreto en la vida del solicitante.

Excepciones: el trámite por vía administrativa

Existen supuestos específicos donde la ley ya presupone los «justos motivos» y permite realizar el cambio directamente en el Registro Civil, sin necesidad de un juicio previo:

1. Identidad de Género: Al amparo de la Ley 26.743, las personas pueden rectificar sus datos registrales para que coincidan con su identidad autopercibida.

2. Derechos Humanos: Casos vinculados a desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración del estado civil durante el terrorismo de Estado.

3. Errores materiales: Corrección de inscripciones defectuosas o errores de ortografía manifiestos en las actas de nacimiento.

Cómo iniciar el proceso

Para quienes deben optar por la vía judicial —la mayoría de los casos de desvinculación del apellido paterno—, el proceso requiere el patrocinio de un abogado y se radica en un juzgado de familia. Durante el proceso, se recolectan pruebas (testimonios, informes psicológicos, documentación) para demostrar el perjuicio.

Una vez que el juez dicta la sentencia favorable, se ordena al Registro Civil la inscripción de la nueva identidad. Solo después de este paso, el ciudadano puede tramitar su nuevo DNI y actualizar el resto de su documentación legal, educativa y laboral.

Un equilibrio entre seguridad e identidad

El sistema legal argentino busca equilibrar la seguridad jurídica —que requiere que las personas no cambien de nombre constantemente para evadir responsabilidades— con el derecho a la identidad personal. El cambio del apellido paterno es, en última instancia, una herramienta de reparación para aquellas personas cuya identidad real no coincide con la identidad que figura en los registros estatales.