La salud como botín de guerra: el peligroso avance privatizador sobre los hospitales nacionales
Bajo una lógica de asfixia financiera y confrontación política, el Gobierno nacional prepara el desmantelamiento de los hospitales SAMIC, transformando un derecho básico en una variable de ajuste fiscal.
La retórica oficial del «no hay plata» ha encontrado un nuevo y peligroso blanco: la red de hospitales de alta complejidad que sostiene el sistema sanitario de millones de bonaerenses. Lo que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presenta como un reclamo administrativo por una deuda de $507.064 millones, no es más que la punta de lanza de una ofensiva ideológica que busca desentenderse de la salud pública. Al amenazar con entregar la gestión de los centros SAMIC a «jugadores de peso» del sector privado para 2026, la Casa Rosada no está saneando cuentas; está rompiendo el pacto social sanitario.
Un relato para justificar el abandono
El ensañamiento con la provincia de Buenos Aires funciona como la excusa perfecta para aplicar una receta de manual: desfinanciar, desprestigiar y luego privatizar. La mención de gastos en «políticas de género» para justificar el posible cierre o traspaso de hospitales como El Cruce o el Cuenca Alta es una simplificación falaz que busca desviar el eje de la discusión. El Estado nacional tiene una obligación legal y ética en el sostenimiento de estos centros de referencia que, por su naturaleza de alta complejidad, no pueden ser gestionados bajo criterios de rentabilidad económica sin excluir a los sectores más vulnerables.
La «ineficacia de los entes interjurisdiccionales» mencionada en el Decreto 460/2025 es, en realidad, una ineficacia autoinfligida. Al cortar los canales de diálogo con el Ministerio de Salud provincial y judicializar la gestión sanitaria, el Gobierno nacional genera el caos necesario para justificar la irrupción de operadores privados.
La falacia de la «Gestión Eficiente»
La propuesta de una «gestión privada para hospitales públicos» es un eufemismo que esconde una realidad cruda: el recorte de prestaciones. Un operador privado, movido por la lógica del beneficio, difícilmente mantendrá programas de investigación, trasplantes o tratamientos de enfermedades raras que hoy lideran hospitales como el Garrahan o el Néstor Kirchner, y que no son «rentables».
«Lo que el Gobierno llama ‘ordenar las cuentas’ es, en la práctica, retirar al Estado del último refugio de los que no tienen prepaga».
Además, el anuncio de medidas para enero de 2026 sin pasar por el Congreso de la Nación representa un atropello a la Ley 17.102. La discrecionalidad con la que se maneja el Ejecutivo, al evitar el debate legislativo, demuestra que la salud pública es tratada como un botín de guerra en la disputa contra Axel Kicillof, y no como una política de Estado que requiere consensos.
Consecuencias de un sistema a la deriva
El vacío de articulación entre Nación y Provincia deja a los directivos de los hospitales y, lo que es peor, a los pacientes, en un limbo absoluto. Mientras en los despachos de la Casa Rosada se habla de «depuración de opciones», en las salas de espera crece la incertidumbre. Si el Gobierno nacional finalmente se desprende de su responsabilidad financiera del 80%, la red sanitaria del Conurbano colapsará, provocando un efecto dominó que saturará aún más los ya desbordados hospitales municipales.
En definitiva, la salud no puede ser una variable de ajuste ni una herramienta de extorsión política. El plan de privatización que asoma para 2026 es el síntoma de un Gobierno que valora más el equilibrio de una planilla de Excel que la vida de los ciudadanos que dependen de la excelencia médica de los hospitales públicos nacionales.
