Desmantelamiento del Estado: el Gobierno nacional celebra el despido de 60.000 agentes
Bajo la promesa de una baja de impuestos que no llega al bolsillo popular, Federico Sturzenegger festejó la eliminación de más de 60.000 puestos de trabajo, profundizando el vaciamiento del Estado.
En un nuevo alarde de insensibilidad social frente a la crisis del empleo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la destrucción de 60.494 puestos de trabajo en la administración pública desde el inicio de la era Milei. Mientras el consumo se desploma y la desocupación asoma como una amenaza estructural, el funcionario utilizó sus redes sociales para glorificar un ajuste que, lejos de traducirse en un alivio fiscal para la clase media, se manifiesta en el desmantelamiento de organismos estratégicos y la pérdida de capacidad operativa de un Estado que abandona sus funciones básicas.
El vaciamiento en números: la gestión de la exclusión
La poda salarial y administrativa no distingue sectores esenciales de áreas burocráticas. Según los datos jactanciosos de Sturzenegger, el grueso del recorte afectó a la administración centralizada y descentralizada, donde 35.127 personas perdieron su sustento. Este sector incluye organismos que gestionan desde la salud pública hasta la investigación científica, dejando al descubierto la intención oficial de reducir la presencia estatal a su mínima expresión.
La «motosierra» también golpeó con dureza a las empresas y sociedades del Estado, con 18.122 bajas, y a las fuerzas de seguridad, con 7.245 efectivos menos. Para el Gobierno, estas no son familias en la calle, sino meras cifras en una planilla de Excel. El argumento oficial de que «bajar impuestos es que vos decidas en qué gastar» choca con la realidad de un esquema tributario que sigue asfixiando al trabajador mientras los beneficios se concentran en la cúpula financiera.
El INDEC confirma la profundidad del ajuste
Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de noviembre de 2025 le quitan el velo al relato oficial y muestran la frialdad del recorte. La dotación total del personal público cayó un 7,3% interanual, ubicándose en 281.785 personas. Este descenso sistemático revela un proceso de goteo de despidos y jubilaciones no reemplazadas que no se detiene, con una caída mensual del 0,3% que demuestra que el Gobierno no tiene intención de estabilizar la prestación de servicios.
En las empresas públicas, el ajuste fue aún más voraz, alcanzando el 7,8%. Bajo el eufemismo de «reducir el déficit operativo», se ha forzado el egreso de personal capacitado en sectores donde la eficiencia no se mide solo en pesos, sino en la soberanía y conectividad del país, como en el caso de las empresas de transporte y energía que han quedado diezmadas.
Un Estado ausente y una promesa incumplida
La administración pública nacional cuenta hoy con apenas 192.219 empleados, una cifra que pone en duda la capacidad del Ejecutivo para garantizar derechos fundamentales. La retórica de Sturzenegger sobre la «libertad» de gasto individual ignora que, ante la ausencia de servicios públicos eficientes por falta de personal, el ciudadano se ve obligado a contratar servicios privados costosos, lo que constituye un impuesto indirecto a la clase trabajadora.
El triunfo de la desolación laboral
El balance de 2025 cierra con una paradoja cruel: un ministro celebrando el desempleo mientras la economía real languidece. El cambio de paradigma que propone el mileísmo no es una «limpieza de estructuras», sino un plan deliberado de vaciamiento que deja a los sectores más vulnerables sin protección. La supuesta baja de impuestos que justifica este drama social sigue siendo un espejismo para la mayoría, mientras la «motosierra» se consolida como la única política pública de una gestión que confunde ahorro fiscal con abandono social.
