Cierre de ANDIS: la oposición denuncia un plan de impunidad tras el escándalo de las coimas

El escenario político argentino se vio sacudido este martes tras el anuncio oficial del cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La decisión, comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni, implica que las funciones del organismo serán absorbidas por el Ministerio de Salud. Sin embargo, lejos de ser recibida como una reforma administrativa, la medida fue interpretada por la oposición como una maniobra para «esconder la mugre» de una presunta red de sobornos que involucra a altos funcionarios y salpica directamente al entorno íntimo del Poder Ejecutivo.

Entre sospechas de corrupción y el «3%»

El desmantelamiento ocurre en un momento crítico para la gestión, semanas después de que salieran a la luz audios del ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo. En dichas grabaciones se mencionaba una presunta trama de coimas equivalente al 3% de los contratos con laboratorios proveedores de medicamentos, donde se señalaba a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, como figura central del esquema.

Para Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, la disolución no es más que un «plan de impunidad». Según el legislador, el Gobierno busca «borrar las huellas» del dinero ilegal en el organismo. En la misma sintonía, el diputado Itai Hagman subrayó que la exposición pública de cifras que rondan los 700.000 dólares y nombres de empresarios vinculados al escándalo forzó al oficialismo a «esconder la mugre debajo de la alfombra».

Un retroceso hacia el «modelo médico»

Más allá de las denuncias penales, referentes del área social advierten sobre las consecuencias institucionales. El exministro Daniel Arroyo calificó la medida como un «retroceso grave», argumentando que la discapacidad no es un problema estrictamente sanitario, sino una cuestión integral que abarca educación, transporte y trabajo.

«Disolver la ANDIS vulnera la Convención Internacional y desoye años de lucha. No volvamos al modelo médico», reclamó Arroyo.

La preocupación radica en que, al quedar bajo la órbita del Ministerio de Salud, se pierda la mirada social conquistada en las últimas décadas, reduciendo a las personas con discapacidad a sujetos de atención médica y no a ciudadanos con derechos plenos en todos los ámbitos de la vida pública.

El mapa de las críticas legislativas

La reacción fue transversal entre los bloques de la oposición dialoguista y el kirchnerismo:

• Esteban Paulón (Provincias Unidas): Acusó al Gobierno de querer «sacar de la conversación pública» a un organismo que se convirtió en sinónimo de irregularidades y de intentar evadir el cumplimiento de la ley de Emergencia en Discapacidad.

• Mónica Fein (Socialismo): Denunció que el cierre afecta a millones de personas y que el Gobierno responde con ajuste a un sector vulnerable tras el escándalo de corrupción.

• Pablo Juliano (Radicalismo): Exigió explicaciones sobre el «famoso 3%» y reclamó la aplicación efectiva de las leyes aprobadas por el Congreso.

• Juan Marino (Unión por la Patria): Vinculó la medida con una «revancha» del Ejecutivo tras el rechazo de la Cámara Baja a derogar la Ley de Emergencia en el Presupuesto 2026.

¿Transparencia o encubrimiento?

Mientras el Gobierno sostiene que la medida busca optimizar recursos y transparentar la gestión, la oposición se mantiene firme en que se trata de un desmantelamiento institucional para proteger a funcionarios propios. La tensión entre el ajuste fiscal, las denuncias de corrupción y los derechos de un colectivo de millones de personas sitúa al cierre de ANDIS en el centro de una batalla judicial y política que promete escalar en las próximas semanas.