Crisis en el sector manufacturero: las pymes industriales denuncian que el Gobierno las dejó «libradas al azar»

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) exigió un plan de emergencia para evitar una "catástrofe social". Alertan que el superávit fiscal y la baja de la inflación no compensan la pérdida masiva de empresas y empleos.

La industria pequeña y mediana de la Argentina atraviesa un escenario de extrema fragilidad. El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, lanzó una dura advertencia contra la administración de Javier Milei, denunciando que el sector ha quedado desprotegido frente a una economía que funciona «a dos velocidades». Según el dirigente, mientras algunos sectores financieros o extractivos se ven beneficiados, la manufactura nacional enfrenta un abandono estatal que pone en riesgo la estabilidad del empleo privado.

Un modelo de «dos velocidades»

El último informe del Observatorio IPA detalla que el Gobierno nacional ha decidido desatender las necesidades críticas de las pymes industriales en un contexto de caída brutal del consumo. Esta retracción de la demanda interna golpea directamente la línea de flotación de las fábricas, que hoy deben lidiar con un combo letal: una presión impositiva que no cede y una apertura indiscriminada de importaciones que desplaza la producción local.

«La falta de un plan industrial no puede compensarse con el superávit fiscal ni la baja de la inflación», sostuvo Rosato. Si bien reconoció que la estabilidad macroeconómica es positiva, enfatizó que estos logros no deben cimentarse sobre la «mortandad de empresas», ya que la destrucción del entramado productivo deriva inevitablemente en una crisis social por la falta de puestos de trabajo.

El reclamo: cinco ejes para la supervivencia

Ante la falta de respuestas oficiales, IPA presentó una hoja de ruta con medidas que consideran urgentes para frenar el cierre de establecimientos:

  1. Financiamiento accesible: Líneas de crédito con tasas productivas para sostener el capital de trabajo.

  2. Tarifas diferenciadas: Costos de energía y gas acordes a la capacidad de producción pyme.

  3. Control de importaciones: Evitar la competencia desleal en productos que ya se fabrican en el país.

  4. Incentivos al consumo: Herramientas para reactivar la demanda en el mercado interno.

  5. Diálogo institucional: Una convocatoria urgente al ministro de Economía, Luis Caputo, para consensuar medidas de alivio.

¿Inexperiencia u objetivo deliberado?

La crítica de IPA escaló hacia el terreno político al cuestionar las verdaderas intenciones detrás de la actual política económica. Rosato planteó un interrogante que resuena en las cámaras empresariales: si la situación responde a una «torpeza de un Gobierno inexperto» o si, por el contrario, existe un «objetivo para destruir el conglomerado industrial local».

La entidad alertó que los sectores actualmente dinamizados por el modelo no tienen la capacidad de absorber la mano de obra que la industria está expulsando. La advertencia sobre una «catástrofe social» inminente busca forzar un cambio de rumbo antes de que el daño al tejido productivo sea irreversible. «Aún hay tiempo de evitar la catástrofe», concluyó el dirigente, apelando a una apertura al diálogo que, hasta el momento, el Palacio de Hacienda ha mantenido bajo estricto hermetismo.