Población inquilina: el 77% se endeuda para pagar el alquiler en el AMBA
Un informe de la UBA, CONICET, CELS y ACIJ revela que la crisis habitacional se profundizó en 2025, con una mayoría de hogares destinando más de la mitad de sus ingresos a la vivienda.
La crisis habitacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ha alcanzado niveles críticos durante el último año, dejando a miles de familias en una situación de vulnerabilidad extrema. Según un exhaustivo relevamiento elaborado por especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el CONICET, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el 77% de la población inquilina que contrajo deudas en el último año lo hizo con el objetivo exclusivo de cubrir el costo del alquiler. Este dato refleja una presión económica sin precedentes que transforma el acceso a la vivienda en una carga financiera insostenible para la mayoría de los hogares.
Radiografía del endeudamiento y la precariedad
El estudio, realizado entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre de 2025 sobre 1.107 casos efectivos, arroja cifras alarmantes sobre la capacidad de pago de los habitantes. Aunque el 93% de la población inquilina se esfuerza por mantenerse al día con sus obligaciones para evitar el desalojo, la ingeniería financiera para lograrlo es cada vez más precaria. El 29% de los encuestados debió solicitar préstamos en el último año, y de ese grupo, casi ocho de cada diez destinaron los fondos a pagar la renta.
Este fenómeno de endeudamiento ha mostrado una tendencia ascendente preocupante. En 2022, la cifra de hogares endeudados por este motivo alcanzaba el 62%, escalando al 67% en 2024 y llegando al actual 77% en 2025. Como consecuencia directa de esta asfixia económica, la capacidad de ahorro ha quedado prácticamente anulada: solo el 14% de los inquilinos manifestó haber podido ahorrar algo de dinero en el mes previo a la consulta.
El impacto en los ingresos y el mercado laboral
Uno de los hallazgos más paradójicos del informe es el incremento en las tasas de actividad y empleo entre quienes alquilan. La tasa de empleo pasó del 61% al 69% en el último año, mientras que la tasa de actividad subió del 87% al 93%. Sin embargo, este mayor esfuerzo laboral no se traduce en bienestar habitacional.
El documento explica que este crecimiento se debe a que más jóvenes y adultos mayores se han volcado al mercado de trabajo para intentar compensar la inflación y los aumentos en los servicios. No obstante, el 70% de los hogares encabezados por mayores de 60 años y el 53% de los hogares con jefaturas jóvenes destinan más de la mitad de sus ingresos mensuales a pagar el alquiler, superando ampliamente los estándares internacionales que sugieren que dicho gasto no debería exceder el 30%.
Contratos cortos y aumentos frecuentes
La derogación de la Ley de Alquileres 27.551 ha modificado drásticamente la dinámica de los contratos. La estabilidad que brindaban los acuerdos a tres años ha desaparecido: actualmente, el 47% de los contratos se firman por dos años, y un 17% tiene una duración de apenas un año o menos.
La frecuencia de las actualizaciones también ha acelerado el ciclo de empobrecimiento. Casi la mitad de los inquilinos (48%) debe afrontar ajustes en el precio cada tres meses. Esta inestabilidad contractual, sumada a la desregulación, ha generado que el porcentaje de hogares que destinan más del 50% de sus ingresos al alquiler saltara del 38% al 57% en apenas doce meses.
El alquiler como destino permanente
La incertidumbre sobre el futuro habitacional es otro de los ejes centrales del informe. La expectativa de acceder a una vivienda propia es casi inexistente: solo el 14% de los encuestados cree que podrá comprar o heredar una propiedad. En contraste, el 56% asume que seguirá alquilando dentro de cinco años, mientras que un preocupante 28% admite que no sabe si tendrá un lugar donde vivir en el mediano plazo.
En el corto plazo, el panorama es igualmente sombrío. Dos de cada diez inquilinos estiman que deberán abandonar su vivienda actual antes de que venza el contrato por falta de fondos, y un 13% teme que no podrá renovar su vínculo comercial. Estos datos consolidan la percepción del alquiler no como una etapa de transición hacia la propiedad, sino como una situación de precariedad permanente para la mayoría de la población inquilina del área metropolitana.
