Fentanilo adulterado: rechazan excarcelación de directivos y revelan chats de encubrimiento

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ratificó la prisión preventiva de Diego Hernán García y Javier Martín Tchukrán, directivos de los laboratorios implicados en la producción y distribución de fentanilo adulterado, rechazando sus pedidos de excarcelación y prisión domiciliaria. La decisión judicial se basa en la extrema gravedad de los delitos imputados y el riesgo procesal existente, a pesar de que las defensas habían intentado argumentar problemas de salud y situaciones familiares delicadas, calificando la prisión como una «condena biológica anticipada». No obstante, el Cuerpo Médico Forense determinó que los imputados se encuentran «hemodinámicamente estables» y pueden ser tratados dentro del penal, consolidando la postura de la Justicia.

Revés judicial y salud estable

El magistrado desestimó los argumentos de salud presentados por la defensa. El informe del Cuerpo Médico Forense (CMF) resultó determinante, al certificar que, si bien los imputados presentan patologías, su estado de salud es «hemodinámicamente estable» y pueden recibir tratamiento adecuado dentro de las unidades del Servicio Penitenciario Federal.

Este dictamen neutraliza la posibilidad de acceder a la prisión domiciliaria, una herramienta que la defensa buscó activamente, aprovechando el contexto de una causa de gran complejidad que ya acumula víctimas fatales y damnificados por la circulación de más de $154.000$ ampollas contaminadas en el sistema de salud.

La nueva estrategia legal de alto perfil

Ante el rechazo a la domiciliaria y la acumulación de pruebas en la causa del fentanilo adulterado, se produjo un movimiento estratégico significativo en la defensa de García y Tchukrán. Los imputados renovaron su equipo legal, designando a un nuevo grupo de abogados de alto perfil mediático y técnica conocida en los tribunales.

Los nuevos defensores tienen un antecedente de peso: diseñaron y ejecutaron la estrategia legal de Luis Mario Vitette Sellanes, conocido como el «hombre del traje gris» y uno de los cerebros del notorio robo al Banco Río de Acassuso en 2006.

Aquella defensa logró la expulsión del país del ladrón uruguayo mediante la figura del «extrañamiento», una jugada técnica poco frecuente. Este precedente en la elección de patrocinadores sugiere un giro hacia una defensa mucho más agresiva y técnica, buscando flancos legales complejos para intentar revertir la situación procesal de los directivos.

«Dibujos» en los papeles: la evidencia del encubrimiento

La complejidad de la causa judicial se sustenta en la evidencia que compromete directamente a los directivos en la maniobra de encubrimiento y la adulteración. La investigación ha logrado acumular pruebas contundentes, incluyendo peritajes a los teléfonos celulares de los acusados.

Los chats recuperados son lapidarios y exponen la forma en que los directivos operaban para tapar las fallas de producción:

• «Dibujando» informes: Los mensajes revelan cómo se «dibujaban» informes y se presentaban documentos con fechas falsas ante los organismos de control pertinentes, como la ANMAT.

• Producción «en el aire»: Los directivos admitían en sus comunicaciones que la producción del medicamento se hacía de manera irregular en cuanto a la documentación y los registros.

• La orden de inventar datos: La directiva interna era clara: ante la falta de registros legítimos para completar el «Rem» (Registro de Elaboración de Manufactura), la orden era inventarlos para ocultar las fallas sistemáticas dentro de la planta, permitiendo la circulación de las ampollas contaminadas.

El rechazo a la excarcelación de los directivos por el caso del fentanilo adulterado no solo subraya la gravedad de los delitos imputados y la solidez de la investigación judicial, sino que también pone de relieve la nueva y agresiva estrategia de defensa que buscará mitigar el impacto de las pruebas contundentes. La evidencia de los chats sobre el encubrimiento refuerza la posición del juez Kreplak, quien busca garantizar el desarrollo de la instrucción con los acusados bajo prisión preventiva.