CGT convoca marcha: Central obrera moviliza el 18 de diciembre contra la reforma laboral de Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT) salió al cruce del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei y anunció este jueves la convocatoria a una movilización masiva. La protesta central se realizará el próximo 18 de diciembre en Plaza de Mayo, a partir de las 15 horas, y estará «abierta a toda la sociedad». Tras una reunión de su Consejo Directivo, el cotitular de la central obrera, Jorge Sola, confirmó que la CGT librará una «pelea judicial» y una fuerte presión política y callejera para frenar lo que consideran un grave retroceso en los derechos de los trabajadores.

El plan de acción: calles, Congreso y Tribunales

La central obrera ha diseñado una estrategia de tres ejes para enfrentar la iniciativa oficial. Los dirigentes aseguraron que la movilización será solo el punto de partida de un despliegue más amplio.

• Presión callejera: La marcha del 18 de diciembre buscará ser una demostración de fuerza y rechazo popular a la reforma. Los líderes sindicales confirmaron que la protesta se realizará incluso si el proyecto no ingresa a sesiones extraordinarias, buscando postergar su tratamiento al menos hasta el período ordinario.

• Presión parlamentaria: La CGT busca influir directamente en el Congreso. Horas antes del anuncio, sus principales líderes se reunieron con el bloque peronista en el Senado, obteniendo un compromiso explícito de rechazo a la “Ley de Modernización Laboral”.

• Acciones judiciales: Jorge Sola anticipó que el gremialismo iniciará una “pelea judicial” para intentar que el proyecto sea declarado inconstitucional, argumentando que va “en contra de los principios de los trabajadores” y de la “carta magna”.

Críticas al fondo y a la forma del proyecto oficial

El discurso de la CGT estuvo cargado de críticas, no solo hacia el contenido de la reforma sino también hacia la metodología elegida por el Gobierno para su tratamiento.

Sola cuestionó que el Ejecutivo pretenda “manejarlo entre gallos y medianoche, de espaldas al pueblo y sin una mesa de diálogo real”. Para la central obrera, la falta de consulta previa constituye un quiebre en la relación y un «ataque a los derechos individuales y colectivos».

El factor financiamiento sindical: cuotas solidarias

Uno de los puntos más conflictivos de la reforma laboral para la CGT es la modificación de los aportes sindicales. El proyecto establece que las cuotas solidarias y otros pagos que alcanzan a trabajadores no afiliados solo podrán aplicarse si existe el consentimiento explícito del empleado.

Este cambio afecta directamente la estructura de financiamiento de los gremios, que perciben estas cuotas para sostener la estructura y los servicios que brindan a la totalidad de los representados. La CGT interpreta esta medida como un golpe directo a la operatividad y el poder de las organizaciones sindicales.

Un contexto económico de «industricidio»

Las críticas gremiales se extendieron al diagnóstico económico del Gobierno, sumando presión al clima político. Jorge Sola denunció que el país está “empobrecido, sin inversión” y advirtió sobre un escenario que calificó como “industricidio”.

El dirigente sindical sostuvo que, en los últimos meses, “cayeron más de 18 mil pymes” y que la pérdida de empleo formal alcanza los “400 trabajadores por día”. Este panorama, según la central obrera, hace inoportuno y perjudicial el intento de flexibilización laboral.

Tensiones internas y el rol del peronismo

La decisión de movilizar se tomó tras una reunión del Consejo Directivo de la CGT que, según trascendidos, estuvo marcada por tensiones. El ala más moderada de la central apostaba por sostener la negociación parlamentaria, mientras que el sector más combativo presionó por una acción directa y visible en la calle. Finalmente, la línea dura se impuso, confirmando el escenario de «rosca de palacio y de calle» que se había anticipado.

El encuentro con el bloque peronista en el Senado fue clave para consolidar el frente de rechazo. Los legisladores y dirigentes peronistas, incluidos José Mayans y Mariano Recalde, coincidieron con la CGT en que cualquier modificación laboral debe ser discutida en el marco de las convenciones colectivas y no mediante un proyecto unilateral del Ejecutivo.