Amnistía Internacional advierte sobre el grave deterioro de los derechos humanos en Argentina

El control social prevalece sobre la garantía de derechos

Amnistía Internacional (AI) ha emitido una severa advertencia sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, señalando un «deterioro acelerado y multidimensional» a dos años del inicio de la gestión del presidente Javier Milei. El informe anual del organismo, titulado “Retos en derechos: a dos años de gestión de Milei”, concluye que el Estado ha consolidado un modelo donde «el control social prevalece sobre la garantía de derechos humanos«.

Según el organismo internacional, el marcado retroceso no es un suceso aislado, sino el resultado de un proyecto político que concibe «a las personas como costo, a los derechos como obstáculos y a la crítica como una amenaza», resignando responsabilidades esenciales frente a la sociedad. La organización denuncia que la aplicación de la «motosierra», el emblema de la gestión, se realizó sin evaluaciones de impacto en derechos humanos ni mecanismos de participación democrática, lo que generó «efectos directos sobre la vida y la integridad de las personas».

Ajuste desigual: más represión, menos protección social

Una de las denuncias centrales del informe se basa en la profunda desigualdad del ajuste fiscal implementado. Amnistía detalló que, entre 2023 y 2025, el gasto público cayó más de un 41% en términos reales, alcanzando su nivel más bajo en dos décadas y profundizando las desigualdades estructurales preexistentes.

Sin embargo, el recorte no se aplicó de manera uniforme. Las áreas más afectadas fueron precisamente aquellas vinculadas a la realización de derechos humanos esenciales, como salud, educación, alimentación, vivienda, ambiente y seguridad social. En contraposición, las partidas destinadas a seguridad, inteligencia y funciones coercitivas, registraron incrementos reales o, en el peor de los casos, reducciones mucho menores.

Esta asignación diferencial de recursos configura, según AI, un Estado que «expande su capacidad represiva» al mismo tiempo que «retrae su obligación de brindar protección y justicia social».

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, explicó que este modelo «transmite un mensaje inequívoco: el Estado decidió ajustar precisamente a quienes más debería proteger». Belski advirtió que el verdadero costo de este proyecto «será un país más desigual, más injusto y más hostil para quienes ya viven en situaciones de mayor vulnerabilidad: mujeres, personas LGBTTIQ+, adultos mayores, personas con discapacidad, comunidades empobrecidas, entre otras”.

Hostigamiento a la prensa y achicamiento del espacio cívico

El organismo también lanzó una seria alerta sobre la debilidad institucional que profundiza el escenario de vulneración de derechos humanos. El reporte señala que Argentina cumple un nuevo año sin Defensor del Pueblo —un cargo clave vacante desde 2009— y persisten acefalías en otros organismos de control fundamentales.

Paralelamente, el reporte denuncia el aumento de la criminalización de la protesta social y la estigmatización de voces críticas. AI destaca un patrón de hostigamiento a la prensa, configurando un clima que reduce el «espacio cívico» y donde «la verdadera libertad se reduce».

El informe de Amnistía Internacional aborda una amplia gama de desafíos, incluyendo el impacto del aumento de la pobreza en derechos sociales, la situación de las personas mayores y el acceso a una jubilación digna, las restricciones a la libertad de expresión, los déficits en transparencia estatal, la violencia contra las mujeres, y la implementación de políticas de diversidad, entre otros temas relevantes. Esta lectura crítica se desprende del balance anual que la organización realiza sistemáticamente para monitorear el impacto de cada administración en la vigencia de los derechos humanos.