Caso Dalmasso: admiten por unanimidad el jury contra tres fiscales

El Caso Dalmasso, uno de los expedientes judiciales más resonantes y complejos de la historia criminal reciente argentina, tomó un giro institucional trascendental este jueves en Córdoba. El Jurado de Enjuiciamiento provincial admitió por unanimidad el pedido de jury contra los fiscales Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles, quienes estuvieron a cargo de la fallida y dilatada investigación del femicidio de Nora Dalmasso, ocurrido en su residencia de Villa Golf, Río Cuarto, en noviembre de 2006.

Mariángeles Mussolini, abogada de Facundo Macarrón, hijo de la víctima y eximputado en la causa, confirmó la decisión y manifestó la «conformidad» de la querella con este avance. La letrada enfatizó que los delitos por los que serán juzgados los funcionarios judiciales son «mal desempeño y negligencia grave», elementos que la parte acusadora considera centrales en la cadena de errores que condujo el caso a un laberinto de hipótesis frustradas y a la impunidad de hecho.

Mal desempeño: el eje de la acusación

La aceptación unánime del jury implica que el Jurado encontró mérito suficiente en las denuncias presentadas para abrir la etapa de juicio político contra los fiscales, un proceso que podría derivar en su destitución.

Según la información brindada por la querella, se estima que el proceso formal de enjuiciamiento podría comenzar entre marzo y abril de 2026, tras el cumplimiento de los plazos procesales establecidos. En lo inmediato, los fiscales involucrados tienen un período de 30 días para formular sus defensas o presentar un informe detallado si consideran que el procedimiento no debe prosperar.

El Jurado busca determinar si la sucesión de investigaciones contradictorias, las detenciones apresuradas de personas inocentes y la omisión de líneas probatorias clave constituyen una negligencia tan grave que amerite la remoción de los funcionarios. La querella sostiene que, de no ser por estos fallos, el crimen, que está próximo a cumplir veinte años, ya debería estar resuelto.

La crónica de las hipótesis fallidas

La acusación de negligencia grave se sustenta en la errática dirección que tomó la causa a lo largo de los años, con cada fiscal impulsando una hipótesis diferente y a menudo descartando el trabajo de su predecesor.

• Javier Di Santo: Fue el primer fiscal en la causa y el que impulsó las imputaciones más polémicas. Ordenó la detención y la acusación del pintor Gastón Zárate, conocido popularmente como «El Perejil», y también imputó a Facundo Macarrón, el hijo de la víctima, en ambas ocasiones bajo sospechas que luego fueron descartadas por la evidencia o por la Justicia.

• Luis Pizarro: Tras Di Santo, Pizarro tomó las riendas y se enfocó en la hipótesis del crimen pasional cometido por el viudo, Marcelo Macarrón. Pizarro sospechó que Macarrón habría viajado desde Punta del Este para asesinar a la empresaria de 51 años, una acusación que quedó desvirtuada tras el juicio por jurados populares en 2022, donde el viudo resultó absuelto por unanimidad.

• Daniel Miralles: Su gestión se orientó hacia la hipótesis de un crimen por encargo o sicariato. Si bien esta línea exploraba la posibilidad de un móvil económico, también terminó sumándose a la lista de pesquisas sin resolución.

El resultado de esta cadena de investigaciones contrapuestas fue el fracaso en la determinación de la responsabilidad, un femicidio que la autopsia indicó que fue cometido por asfixia por compresión manual y estrangulamiento con el lazo de la bata de la víctima el 26 de noviembre de 2006.

El camino a la impunidad

La necesidad de un jury contra los fiscales se vuelve urgente al analizar el estado actual de la causa penal, que está al borde de la prescripción.

El último acusado y, para muchos, el único con alto caudal probatorio, fue Roberto Bárzola, de 45 años. Bárzola fue señalado como el único autor material luego de que pruebas de ADN lo vincularan con rastros de semen hallados en la habitación donde ocurrió el crimen. La existencia de una sola huella genética apuntaba a que Bárzola habría entrado a la casa de Macarrón, posiblemente en el marco de la comisión de un delito sexual que derivó en la muerte de Nora.

Sin embargo, en un giro sorprendente, la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2° Nominación dictó el sobreseimiento de Bárzola por la prescripción de la causa. La querella, representada por Mariángeles Mussolini, apeló esa resolución ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, argumentando que el caso, por su naturaleza grave y el «alto caudal probatorio» que vincula al último acusado, no puede cerrarse por una cuestión formal. La querella incluso anunció que acudirá a instancias internacionales si el TSJ ratifica la prescripción.

La admisión del jury en el Caso Dalmasso marca un hito: ante la imposibilidad, hasta ahora, de condenar al autor material, la Justicia está señalando a la responsabilidad institucional por los errores que facilitaron la impunidad. El foco de la rendición de cuentas se desplaza, por primera vez, de los sospechosos a los investigadores.