Ley de Glaciares: alerta de organizaciones por la reforma que amenaza el agua

Un colectivo conformado por más de 25 organizaciones de la sociedad civil emitió un contundente documento este jueves en defensa de la Ley de Glaciares (N.º 26.639). Ante los intentos de reforma impulsados por sectores económicos y políticos, las entidades —entre las que figuran FARN, Greenpeace y la Asamblea Jáchal No Se Toca— advirtieron que cualquier regresión en los estándares de protección actuales no solo sería inconstitucional, sino que comprometería las reservas estratégicas de agua dulce que hacen posible la vida y la producción en gran parte del territorio nacional.

Bajo la premisa «sin agua, no hay desarrollo posible», el documento reafirma los fundamentos técnicos y jurídicos que dieron origen a la norma en 2010. El texto funciona como un escudo discursivo y técnico frente a lo que consideran una avanzada de «postulados lobbystas» que buscan flexibilizar la protección para habilitar la megaminería en zonas prohibidas. «Modificarla implicaría habilitar, en un ecosistema vulnerable, actividades económicas con alto impacto ambiental y la pérdida del agua almacenada en ellos», sentenciaron las organizaciones.

Un sistema hídrico indivisible

Para comprender la gravedad del reclamo, es necesario entender qué se protege. Los glaciares y el ambiente periglacial no son compartimentos estancos, sino que conforman un sistema único. Estas formaciones almacenan, regulan y sostienen el caudal que alimenta cuencas enteras, humedales de altura y comunidades aguas abajo.

En un contexto global de crisis climática, donde el retroceso de los cuerpos de hielo es sostenido, la Ley 26.639 actúa como una herramienta de gestión del agua crítica. La normativa prohíbe explícitamente la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en estas áreas, así como cualquier obra de infraestructura que implique su destrucción.

Las organizaciones enfatizan que la ley «no bloquea el desarrollo, sino que lo ordena», garantizando que las actividades productivas no avancen sobre zonas donde el daño sería irreversible. Debilitar estos estándares, argumentan, tendría consecuencias económicas y sociales catastróficas a largo plazo, especialmente en las zonas áridas del oeste argentino donde la dependencia del agua de deshielo es total.

El mito del freno al desarrollo y los datos duros

Uno de los puntos más fuertes del documento es la desmitificación de los argumentos utilizados por el lobby minero, que suele afirmar que la Ley de Glaciares impide la actividad en grandes extensiones del país. Los datos científicos desmienten esta narrativa.

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo técnico del CONICET, es el responsable del Inventario Nacional de Glaciares (ING). Su relevamiento de 2018 arrojó cifras esclarecedoras:

• Se identificaron 5.769 km² de hielo en la Cordillera de los Andes.

• Esta superficie representa apenas el 1% del territorio cordillerano.

• En provincias netamente mineras como Mendoza, las áreas protegidas por la ley ocupan solo el 0,8% de la superficie provincial.

«El límite que establece la ley no bloquea el desarrollo», explican los expertos. Las restricciones se aplican con precisión quirúrgica únicamente donde existe hielo —superficial o subterráneo— que cumple funciones hídricas esenciales. Fuera de ese ínfimo porcentaje del territorio, la ley no impide ninguna actividad industrial.

Además, el informe alerta sobre una realidad preocupante: esas reservas ya se están achicando por el cambio climático. En la región de los Andes Desérticos, se observó una reducción del 17% en la superficie glaciar en menos de una década. Intervenir industrialmente en estos ecosistemas aceleraría un proceso de pérdida que ya es crítico.

La batalla por el ambiente periglacial

El corazón de la disputa actual reside en el intento oficial de desproteger el «ambiente periglacial». A diferencia de los glaciares blancos y visibles, el ambiente periglacial suele ser invisible al ojo inexperto, pero es determinante para el sistema hídrico andino.

«Lejos de ser un espacio marginal, concentra grandes volúmenes de hielo subterráneo que no se ven en la superficie», destaca el informe. La ciencia ha establecido tres puntos fundamentales sobre este ecosistema:

1. Almacena agua en estado sólido donde no parece haberla.

2. Actúa como regulador hídrico de largo plazo (libera agua lentamente en épocas de sequía).

3. Su aporte es decisivo en las provincias áridas.

Recortar la protección de este ambiente, bajo el argumento de que solo se deben cuidar los glaciares «visibles», implicaría una visión sesgada que subestima drásticamente la cantidad de agua disponible en una cuenca. Paradójicamente, son las provincias con mayor estrés hídrico las que enfrentan presiones políticas para flexibilizar la norma.

Constitucionalidad y principio de no regresión

Desde el plano jurídico, la discusión parece saldada, aunque la política intente reabrirla. Argentina fue pionera mundial al sancionar esta ley de presupuestos mínimos. A pesar del veto presidencial de 2008 y de la lluvia de amparos presentados por empresas como Barrick Gold, la Corte Suprema de Justicia ratificó la constitucionalidad de la norma de forma unánime en 2019.

Las organizaciones recuerdan que cualquier intento de reforma colisionaría con el «principio de no regresión» ambiental, consagrado en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566). Este principio establece que, una vez alcanzado un nivel de protección legal sobre un bien ambiental, el Estado no puede retroceder hacia niveles inferiores de tutela.

La Cordillera de los Andes es un patrimonio federal. Los ríos que nacen en sus cumbres atraviesan múltiples jurisdicciones, por lo que el manejo de estas reservas no puede quedar supeditado a la necesidad de caja inmediata de una administración provincial o nacional. Como concluye el documento, debilitar la Ley de Glaciares no es una estrategia de desarrollo, sino la hipoteca del futuro hídrico de la Argentina.