Casación rechazó la excarcelación a Suárez Mason y seguirá preso
El tribunal desestimó el pedido del represor de la ESMA. Ratificaron la vigencia de los tratados internacionales para evitar la impunidad en crímenes de lesa humanidad.
La Justicia federal cerró una nueva puerta a la impunidad en causas de lesa humanidad. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Suárez Mason (h), ratificando que el represor deberá continuar cumpliendo su condena a prisión perpetua en una cárcel común. La decisión, que lleva la firma de los jueces de la Sala II, refuerza la doctrina de que los compromisos internacionales del Estado argentino impiden otorgar beneficios que pongan en riesgo el cumplimiento efectivo de las penas por genocidio.
El fallo confirma la resolución previa del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), que ya había denegado la libertad a Carlos Guillermo Suárez Mason (h), ex oficial de la Armada y uno de los engranajes operativos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura cívico-militar. Con esta medida, el tribunal superior clausura la estrategia defensiva que buscaba aprovechar ciertos «vientos de cambio» en el clima político para flexibilizar las condiciones de detención de los condenados por terrorismo de Estado.
Fundamentos del rechazo: el deber internacional
La resolución de la Sala II, integrada por los magistrados Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, fue contundente al declarar «inadmisible» el recurso de casación interpuesto por el abogado defensor, Guillermo Fanego.
El voto del juez Alejandro Slokar fue central para desarticular los argumentos de la defensa. El magistrado calificó de «impertinencia» el intento de invocar el reciente fallo «Castillo» —un precedente que la defensa intentó utilizar a su favor— para justificar la libertad del represor. Slokar subrayó que los jueces tienen un «especial deber de cuidado» para neutralizar cualquier riesgo procesal en causas de esta magnitud.
El argumento jurídico central giró en torno a la responsabilidad del Estado frente a la comunidad internacional. Según el fallo, asegurar la comparecencia de los acusados y el cumplimiento de las condenas no es solo una cuestión procesal interna, sino una obligación de jerarquía superior en el derecho internacional de los derechos humanos. «El otorgamiento indebido de beneficios podría derivar en responsabilidad internacional para la Argentina», advirtió el magistrado, recordando que el país ha suscripto tratados que lo obligan a investigar, juzgar y sancionar estos crímenes sin atajos.
El perfil criminal de un apellido histórico
Suárez Mason (h) no es un detenido más en el universo de los juicios por lesa humanidad. Hijo del general homónimo que fue jefe del Primer Cuerpo de Ejército, el condenado, conocido en la fuerza como el «Hijo de Sam» o por su alias operativo, arrastra una condena a prisión perpetua por su participación directa en el horror de la ESMA.
La Justicia lo encontró culpable de más de 400 hechos delictivos. El expediente detalla un prontuario escalofriante que incluye privaciones ilegítimas de la libertad, aplicación de tormentos, sustracción de menores y homicidios, algunos en grado de tentativa.
Su rol en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio no fue burocrático. Según la reconstrucción judicial, el ex marino actuó en distintos sectores de la ESMA entre los años 1977 y 1978. Su presencia fue acreditada por numerosos sobrevivientes, quienes lo identificaron operando en las zonas de tortura («Capucha» y «Capuchita») y supervisando tareas de trabajo forzado a las que eran sometidos los secuestrados. Actualmente, su situación procesal no está cerrada del todo: el Ministerio Público Fiscal mantiene un recurso extraordinario pendiente con el objetivo de ampliar aún más la base de su condena.
Contexto político: la «Cárcel VIP» y la visita libertaria
El rechazo a la excarcelación de Suárez Mason (h) adquiere una relevancia mayor si se analiza el contexto reciente que rodea a los detenidos por crímenes de la dictadura. El represor forma parte del grupo que fue trasladado recientemente a la Unidad 34 de Campo de Mayo, un establecimiento que organismos de Derechos Humanos han denunciado como una «cárcel VIP» debido a sus condiciones laxas en comparación con los penales federales comunes.
Además, el nombre de Suárez Mason (h) cobró notoriedad política en julio pasado, al trascender que fue uno de los reclusos que recibió la polémica visita de una comitiva de diputados de La Libertad Avanza. Aquel encuentro, que generó un repudio generalizado y una crisis interna en el bloque oficialista, fue interpretado por las querellas como una señal de respaldo político que podría alentar pedidos de libertad o prisión domiciliaria como el que ahora Casación acaba de rechazar.
Con esta sentencia, el Poder Judicial traza una línea divisoria: más allá de los movimientos políticos o las visitas protocolares, la jurisprudencia respecto a la gravedad de los crímenes de lesa humanidad y la necesidad de cumplimiento efectivo de la pena se mantiene firme.
