Reforma previsional: fin de cajas profesionales y recorte a la pensión por viudez

El plan para transformar la matriz jubilatoria de la Argentina ha entrado en una fase decisiva. Sobre el escritorio del ministro de Economía, Luis Caputo, descansa una propuesta técnica integral elaborada por CIPPEC que promete aplicar la «motosierra» con una profundidad inédita en la reforma previsional. El proyecto no solo apunta a desmantelar las cajas profesionales y los regímenes de excepción, sino que introduce un cambio drástico en las pensiones por fallecimiento: fin del cobro vitalicio para viudos jóvenes y restricciones para quienes acumulen jubilación y pensión.

El objetivo central del documento es corregir un sistema que los técnicos definen como «caro, injusto e ineficiente», buscando un ahorro fiscal estimado del 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI). La iniciativa plantea un cambio de paradigma: pasar de un esquema basado en parches normativos a uno de reglas universales, donde la sostenibilidad actuarial prime sobre los derechos adquiridos históricos.

La tijera en la pensión por viudez

Uno de los puntos más sensibles de la reforma previsional es el replanteo de las pensiones por fallecimiento. El diagnóstico oficial es que las reglas actuales son anacrónicas y generan duplicaciones de beneficios en más de un millón de personas. Para subsanarlo, la propuesta establece tres ejes de modificación sustancial:

• Fin de la vitalicidad para jóvenes: La duración del beneficio dejará de ser automática y vitalicia. Se propone un límite temporal vinculado a la edad del sobreviviente. Por ejemplo, un viudo o viuda menor de 30 años cobraría la pensión solo por un periodo acotado (se sugiere 2 años), obligando a la reinserción laboral plena.

• Elegibilidad Universal: Se eliminaría el requisito de regularidad en los aportes del fallecido, reemplazándolo por un esquema de acceso universal, aunque con montos ajustados a la historia contributiva real.

• Tope a la acumulación: Se busca terminar con la «doble prestación completa». Si el cónyuge sobreviviente ya cobra una jubilación propia, la pensión por viudez se reduciría: solo percibiría la «Prestación Proporcional» derivada de los aportes del fallecido, pero no la Prestación Básica, evitando así que el Estado pague dos pisos mínimos a la misma persona.

Edad jubilatoria: 65 años para todos

La propuesta ataca otro de los tabúes de la política argentina: la edad de retiro. Bajo el argumento de que la diferencia actual entre hombres y mujeres «no tiene fundamentos en criterios de salud o capacidad laboral», el proyecto impulsa la equiparación de género.

El plan consiste en elevar la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años de manera gradual. El ritmo sugerido es de seis meses por cada año calendario, completando la transición en una década.

Pero la reforma va un paso más allá. Introduce una cláusula de actualización automática por expectativa de vida. Esto significa que la edad mínima de retiro para toda la población aumentaría progresivamente (un mes por año) a medida que la esperanza de vida se extienda, alineando a la Argentina con los sistemas previsionales de los países desarrollados. Además, el nuevo cálculo de haberes funcionaría como un incentivo económico: quien decida postergar su retiro, cobrará significativamente más.

El fin de las «Cajas» y los privilegios

El sistema actual es descrito por los expertos como un laberinto de inequidades, con cerca de 200 regímenes de excepción y cajas profesionales que permiten a 2,8 millones de personas retirarse antes de la edad general o con haberes desconectados de sus aportes reales.

La reforma previsional busca integrar todos estos subsistemas en un régimen general único. Esto implica la eliminación de las cajas profesionales y especiales, obligando a todos los trabajadores —públicos, privados, autónomos y de ocupaciones específicas— a regirse por las mismas varas de edad y cálculo. La premisa es clara: a trayectorias laborales similares deben corresponder beneficios idénticos, sin importar la provincia o el sector de actividad.

Nueva fórmula: adiós a los 30 años de aportes

En el plano técnico, la modificación más radical es la eliminación del requisito de los 30 años de aportes para acceder a una prestación contributiva. El nuevo sistema se compondría de dos capas:

1. Prestación Básica (PB): Un piso garantizado para todos, equivalente al valor de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). A valores de marzo de 2025, esta base se situaría en $223.297. Esto elimina la figura del «haber mínimo» tal como se conoce hoy, reemplazándola por este componente universal.

2. Prestación Proporcional (PP): Un monto variable que se suma a la base, calculado sobre la historia completa de aportes de la persona. A diferencia de la fórmula actual, que toma el promedio de los últimos 10 años, este modelo utilizaría un cálculo actuarial de toda la vida laboral. Esto beneficiaría a quienes aportaron muchos años pero quizás tuvieron salarios bajos al final de su carrera, y castigaría la evasión o los huecos contributivos.

Invalidez y transparencia

Finalmente, la «motosierra» también pasará por las pensiones por invalidez. Se propone absorber las pensiones no contributivas dentro del régimen contributivo, unificando los criterios.

Para evitar fraudes y discrecionalidad, la reforma exige que la totalidad de los casos sean revisados por una comisión médica especializada bajo un Baremo único y estricto. El cálculo del haber en estos casos simularía lo que el beneficiario habría cobrado de haber trabajado hasta la edad de retiro, buscando equidad con el resto del sistema.

Con un gasto previsional que hoy roza el 10% del PBI —similar al de naciones con poblaciones mucho más envejecidas—, la propuesta de CIPPEC ofrece al Gobierno una hoja de ruta para el ajuste estructural. Resta ver el timing político de Luis Caputo para enviar al Congreso una reforma que promete tocar fibras sensibles en toda la sociedad.