Kicillof pide apoyo legislativo: “La Ley de Financiamiento es en favor del orden económico y social de la Provincia”
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires defendió la Ley de Financiamiento, calificándola de "fundamental" para cubrir vencimientos sin afectar salud ni educación. Además, anunció un fondo garantizado de $250 mil millones para los 135 municipios.
Kicillof presiona a la Legislatura por el financiamiento clave
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó una conferencia de prensa desde el Salón Dorado de la Casa de Gobierno para urgir a la Legislatura a aprobar la pendiente Ley de Financiamiento. La norma es considerada por el Ejecutivo provincial como «fundamental» para garantizar el orden económico y social de la Provincia en un contexto de profunda crisis económica nacional.
«La semana pasada se aprobaron dos de las tres leyes económicas que enviamos a la Legislatura: todavía queda pendiente la Ley de Financiamiento, que es fundamental para que la provincia pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones sin agravar las privaciones de los bonaerenses que están siendo golpeados por el modelo económico nacional”, afirmó Kicillof.
El gobernador subrayó que el proyecto no busca obtener «fondos extraordinarios» ni tomar nueva deuda para «obras faraónicas», sino «simplemente estamos solicitando los recursos necesarios para cubrir los vencimientos y sostener el normal funcionamiento de la provincia», tras haber logrado una reducción en la carga de la deuda heredada.
Una ley para la previsibilidad de los municipios
Uno de los ejes centrales de la defensa de la Ley de Financiamiento es el apoyo a los 135 municipios de la provincia, que enfrentan dificultades crecientes por la contracción de la recaudación.
En este marco, Kicillof anunció la creación de un fondo específico y con garantías para las intendencias: “Se ha planteado la creación de un fondo a distribuir entre los 135 municipios que es equivalente al 8% del total de recursos que provengan de la Ley de Financiamiento”.
Más importante aún, el gobernador resolvió garantizar una suma fija para brindar certidumbre a los distritos: “Hemos resuelto garantizar aproximadamente $250 mil millones en cinco pagos fijos y determinados por la ley”.
Esta medida busca asegurar la previsibilidad para los intendentes, permitiéndoles contar con recursos para organizar las cuentas públicas «más allá del nivel y el volumen que alcancen las colocaciones de deuda», una herramienta vital en un escenario de incertidumbre económica y caída en los ingresos propios de las comunas.
Negligencia, austeridad y el «asedio» nacional
Kicillof contrastó la actitud de su administración frente a la crisis con la postura del gobierno central, al señalar que la Provincia «no va a actuar con negligencia o desprecio: la respuesta nunca va a ser que no hay plata, sino analizar qué podemos hacer para acompañar a los que sufren”.
El gobernador recordó el «asedio y ahogo financiero» que, según su visión, aplica el Gobierno nacional a la Provincia. Mencionó específicamente el reclamo ante la Corte Suprema por la quita de $13 billones en recursos. A pesar de este panorama adverso, el mandatario sostuvo: “La Provincia nunca se detuvo y seguimos haciendo las obras que necesita nuestro pueblo: cuidamos la austeridad, pero con sensibilidad, sin trasladarla a los bonaerenses que sufren la crisis económica”.
El dilema ético en la Legislatura
El mensaje de Kicillof a los legisladores se centró en la ética del gasto público y la defensa de las prioridades sociales.
El gobernador enfatizó la línea roja que su gestión no está dispuesta a cruzar: «No estamos dispuestos a afrontar los vencimientos de deuda con recursos que se detraigan de los presupuestos para la salud y la educación».
La Legislatura tiene, según el gobernador, la responsabilidad de decidir «para evitar más sufrimiento del pueblo, y en favor del orden económico y social de nuestra provincia”.
El acto contó con una nutrida presencia de miembros del gabinete provincial, legisladores, intendentes, representantes de organismos de Derechos Humanos y de organizaciones sindicales, brindando un marco de apoyo político a la solicitud.
