EE.UU. suspende el plan de rescate de $20.000 millones para el gobierno de Milei
Las principales entidades financieras de Estados Unidos suspendieron la propuesta inicial de un gran paquete de asistencia por $20.000 millones de dólares para Argentina, reorientando el foco hacia un mecanismo de liquidez de corto plazo, como un repo por unos $5.000 millones, destinado a cubrir urgentes compromisos de deuda externa en enero.
El ambicioso plan de rescate financiero para el gobierno de Javier Milei, originalmente cifrado en unos $20.000 millones de dólares y promovido por gigantes de Wall Street como J.P. Morgan Chase, Bank of America y Citigroup, ha quedado en suspenso. Esta suspensión marca un replanteo estratégico por parte de las entidades estadounidenses, quienes ahora evalúan un mecanismo de asistencia de menor escala y mucho más acotado temporalmente.
El replanteo: De un rescate masivo a un repo de emergencia
Según reportó The Wall Street Journal y como fue anticipado por Ámbito, los bancos norteamericanos están analizando una opción alternativa y de menor magnitud: un préstamo de muy corto plazo por aproximadamente $5.000 millones de dólares. Este movimiento implica que el financiamiento inicial, concebido como un espaldarazo robusto a la administración de Milei, se transforma en una herramienta de emergencia para afrontar obligaciones inmediatas.
El nuevo esquema bajo estudio se conoce como una facilidad tipo repo (acuerdo de recompra). En términos sencillos, el repo permitiría a Argentina intercambiar un portafolio de inversiones, probablemente bonos o títulos públicos, por dólares frescos aportados por los bancos. Esencialmente, es un préstamo garantizado por esos activos, con el compromiso de recomprarlos en un plazo breve.
El objetivo central: Vencimiento de deuda en enero
La finalidad principal de este préstamo repo es proveer al país de la liquidez necesaria para afrontar un compromiso de deuda crucial. Específicamente, este mecanismo permitiría cubrir un vencimiento de deuda en moneda extranjera que asciende a cerca de $4.500 millones de dólares, programado para enero próximo.
El plan delineado por las fuentes financieras es pragmático y de doble fase:
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Obtener liquidez inmediata: Utilizar el repo por $5.000 millones para asegurar el pago del vencimiento de enero.
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Emitir y cancelar: Una vez saldado ese compromiso urgente, el Gobierno buscaría reactivar la emisión de bonos en el mercado internacional para obtener fondos adicionales. Estos fondos se usarían posteriormente para cancelar el repo, devolviendo los dólares a los bancos y recuperando los títulos aportados como garantía.
De esta manera, la Casa Rosada evitaría una situación de default técnico a principios de año, aunque el esquema no resuelve las necesidades estructurales de reservas del Banco Central ni el financiamiento a largo plazo.
Antecedentes y visión de Wall Street
Este replanteo se da en el contexto de gestiones previas que tampoco lograron materializarse. Se recordó que la administración de Donald Trump había impulsado inicialmente un paquete de asistencia más amplio, que incluía un swap con el Tesoro estadounidense y una línea de crédito adicional de la banca privada. Estas negociaciones, que buscaban blindar a la economía argentina, finalmente no prosperaron, dejando al esquema de repo como la opción más viable y expedita.
La visión del sector financiero, no obstante, se mantiene cautelosamente optimista sobre el rumbo de las reformas económicas impulsadas por el presidente Milei. Jamie Dimon, CEO de J.P. Morgan, manifestó a principios de mes que el préstamo de $20.000 millones anunciado por Scott Bessent, un exfuncionario del Tesoro estadounidense, antes de las elecciones de octubre, “puede que no sea necesario”. Dimon justificó esta postura con la expectativa de que las reformas de Milei logren reducir la inflación y, lo más importante, “podrían atraer hasta $100.000 millones en capital extranjero”.
Sin embargo, a pesar de este optimismo a largo plazo sobre el potencial de las reformas, la realidad inmediata de los vencimientos de deuda ha forzado a los bancos a adoptar una postura de menor riesgo, favoreciendo una solución de liquidez de emergencia sobre un compromiso de rescate de gran envergadura. El freno al plan inicial evidencia que, si bien la voluntad política existe, las entidades privadas exigen una mayor consolidación de las reformas y una menor exposición al riesgo soberano antes de inyectar grandes sumas.
