Justicia por Loan: el dilema legal entre el plazo procesal y la búsqueda

La desaparición de Loan Danilo Peña, un niño de cinco años en circunstancias que aún hoy permanecen sin esclarecer, no es un expediente más para el Estado argentino. Es una herida abierta, una deuda del Estado con la verdad que hoy se debate en la máxima instancia penal del país. En el centro de esa herida, conviven dos modelos de justicia: una que persigue la verdad sin descanso y otra que intenta clausurar la investigación en apenas sesenta días.

En esa disputa no solo se define un plazo procesal: se juega la dignidad del Estado argentino frente a la desaparición de un niño. El futuro de la búsqueda de Loan depende, en gran medida, de una audiencia clave que se celebrará este miércoles 6 de noviembre en la Cámara de Casación Penal.

La disputa judicial: 60 días vs. el derecho a la verdad

El principal conflicto de la causa reside en la imposición de un límite de tiempo para la investigación. Por un lado, la Cámara de Apelaciones de Corrientes sostiene la postura de limitar la prórroga a dos meses improrrogables, con el objetivo de cerrar la etapa destinada al paradero del niño. Su argumento se basa en el «plazo razonable» y el riesgo de procesos indefinidos.

Por otro lado, la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella defienden la continuidad sin plazo. Su argumento es de derecho internacional: la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada y la Convención de los Derechos del Niño establecen que la desaparición de un niño es un delito permanente. Por lo tanto, no existe plazo procesal ni razonable que pueda oponerse a la búsqueda de Loan mientras la víctima no aparezca.

El MPF, en un recurso de enorme relevancia doctrinaria, sostuvo que imponer un plazo de 60 días en una causa con hipótesis de trata y múltiples pericias en curso es desconocer compromisos elementales. «Cerrar en dos meses no solo es jurídicamente inaceptable: es humanamente incomprensible», sostiene el documento.

Hostigamiento institucional y las pistas falsas

La investigación, llevada adelante por la jueza Pozzer Penzo desde junio de 2024, no solo se ha enfrentado a hipótesis contradictorias y pistas falsas, sino también a una ferocidad inusual de ataques desde ciertos sectores del poder provincial y nacional.

La magistrada, que ordenó rastrillajes y peritajes sin detener la búsqueda un solo día, fue blanco de agresiones institucionales, ataques mediáticos y hasta dos pedidos de juicio político presentados con argumentos sin sustento y con evidente intención de apartarla del caso. En un país donde se reclama celeridad, Pozzer Penzo eligió la premisa más básica: no cerrar la causa hasta encontrar la verdad real.

La investigación también arrojó resultados concretos: permitió identificar a diez obstaculizadores, varios de ONG de renombre internacional, acusados de haber actuado en perjuicio de la búsqueda de Loan, entorpeciendo la labor judicial. Hoy se encaminan a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, demostrando que la labor judicial no ha sido estéril.

El factor humano: los padres en la máxima instancia penal

La decisión de Casación del 6 de noviembre de 2025 marcó un punto de inflexión. La Sala III concedió los recursos del MPF y la querella. Al hacerlo, el máximo tribunal penal del país afirmó que el fallo debía revisarse, reconociendo que hay casos donde clausurar anticipadamente no es una resolución técnica sino una amenaza al derecho a la verdad.

El gesto institucional más importante fue la convocatoria a audiencia a los padres del niño. Este miércoles a las 13.30, en las salas del tribunal presidido por el Dr. Carlos A. Mahiques, se tratará la queja. José y María Peña pidieron algo básico: que no se cierre la causa antes de encontrar a su hijo. Lo hicieron amparados en los tratados internacionales, como padres y como sujetos procesales, en un contexto de hostigamiento y revictimización permanente.

El costo del silencio: un gasto que paga toda la sociedad

En este entramado de intereses, emerge otro dolor: el precio del silencio. Testimonios contradictorios, versiones cambiantes y retractaciones de personas clave (particularmente, el silencio sostenido de testigos como Laudelina Peña, según el expediente) obligaron al Estado a multiplicar operativos, reabrir líneas descartadas y gastar recursos extraordinarios.

Lo que una palabra honesta podría haber aclarado en minutos, el Estado debe investigarlo durante meses. Este silencio no es solo una falta moral: implica un gasto económico y humano enorme (rastrillajes masivos, despliegue de drones y helicópteros). Y lo que es más grave: erosiona la credibilidad institucional, confunde a la opinión pública y dilata la llegada de la verdad.