Soberanía marítima: denuncian ingreso masivo de buques extranjeros
Trabajadores denuncian que el Gobierno avanza con una nueva resolución para permitir el ingreso de buques extranjeros, pese al rechazo del DNU.
Los trabajadores y trabajadoras de la Marina Mercante argentina han elevado una grave denuncia contra el Gobierno nacional, acusándolo de ignorar la voluntad del Congreso y de avanzar con la desregulación del sector por vías alternativas. La controversia se centra en una nueva resolución presidencial que, según los gremios, permite la entrada masiva de buques de bandera extranjera a las aguas nacionales, violando sistemáticamente la soberanía marítima argentina.
La denuncia fue presentada por el Centro de Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo en su sede del microcentro (Tucumán 301). La acusación más fuerte es que el Ejecutivo busca lograr por decreto simple lo que no pudo conseguir a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que fue rechazado por el Congreso. El eje de la protesta radica en la defensa de los puestos de trabajo locales y el control nacional sobre los mares.
El bypass legal: una resolución presidencial tras el rechazo del DNU
La controversia tiene un contexto político y legal muy preciso. Tras la sanción del DNU que desregulaba gran parte de la economía, el Congreso Nacional procedió a su rechazo, inhabilitando las modificaciones que afectaban a la Marina Mercante y al régimen de cabotaje, cruciales para el transporte costero y fluvial en el país.
A pesar de esta derrota legislativa, los trabajadores denuncian que el Gobierno nacional está avanzando igualmente en desregular el sector. La pieza clave de esta acción es una nueva resolución que habría sido firmada por el presidente Javier Milei, inmediatamente después de que la desregulación de la Marina Mercante quedara legalmente inhabilitada.
Los sindicatos aseguran que este documento tiene como objetivo garantizar la violación sistemática de nuestro mar argentino al facilitar el acceso y operación de embarcaciones con bandera extranjera. Esta maniobra es vista por los oficiales como un intento del Poder Ejecutivo de saltarse al Poder Legislativo para imponer su agenda de liberalización total, sin importar las consecuencias regulatorias o laborales.
El impacto económico y laboral: buques extranjeros vs. empleo local
La «bronca» que existe en el sector de la Marina Mercante no es solo una cuestión política; es una defensa de la fuente laboral. Históricamente, las regulaciones argentinas han priorizado el uso de embarcaciones de bandera nacional (cabotaje), lo que garantiza que los empleos de oficiales, tripulantes y los estándares de seguridad y salariales sean argentinos.
El ingreso sin restricciones de buques extranjeros implica varias amenazas directas para la economía y la fuerza laboral local:
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Desplazamiento de flotas nacionales: Los buques extranjeros, a menudo subsidiados y con costos laborales mucho más bajos, pueden operar a precios que la flota argentina no puede igualar, desplazándola de rutas internas esenciales.
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Deterioro de estándares laborales: La competencia desleal lleva al riesgo de flexibilización laboral, afectando salarios, seguridad en el trabajo y la estabilidad de los oficiales y tripulantes argentinos.
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Pérdida de recaudación y control: El cambio de bandera implica que las tasas, impuestos y el control de seguridad quedan sujetos a jurisdicciones extranjeras, debilitando la capacidad de monitoreo y recaudación del Estado argentino.
La defensa de la soberanía marítima y la paradoja del calendario
La acusación gremial más grave es que el Gobierno está violando todas las garantías de soberanía de nuestras aguas. Esta situación es descrita como «toda una paradoja» por los denunciantes, ya que ocurre a pocos días u horas de la celebración del Día Nacional de la Soberanía, una fecha que conmemora la defensa del territorio nacional en la Vuelta de Obligado.
La soberanía marítima no es solo un concepto geográfico; es el control estratégico sobre los recursos naturales, las rutas comerciales y la seguridad nacional. Al permitir que «cada vez ingresen más embarcaciones extranjeras», el Estado estaría cediendo el control operativo de una vía de comercio vital, con un impacto directo en la capacidad de monitoreo ambiental y de seguridad de las aguas territoriales.
Un modus operandi sistémico: la protesta más allá del sector
La denuncia del sector de la Marina Mercante no se presenta de forma aislada. Los trabajadores comparan este incumplimiento y la búsqueda de atajos legales con otros supuestos incumplimientos y la subejecución de partidas que afectan a la población.
Entre los ejemplos citados por los denunciantes se encuentran el incumplimiento de la Ley de financiamiento universitario, el financiamiento pediátrico y la Ley de Discapacidad. Esta comparación sugiere que los trabajadores perciben la acción sobre la Marina Mercante desregulación no como un hecho sectorial, sino como parte de un modus operandi del Ejecutivo que busca imponer su visión económica por encima del consenso legislativo y las demandas sociales, aun cuando ello implique arriesgar pilares fundamentales como el control de la soberanía marítima.
