Impuesto a combustibles: nuevo cronograma de subas impactará en el precio de las naftas

El Poder Ejecutivo nacional, a través del Decreto 782/2025 publicado en el Boletín Oficial, dispuso un nuevo cronograma de actualización para los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), difiriendo una parte de los incrementos que debían regir desde el 1 de noviembre de 2025, lo cual impactará inmediatamente en el costo que pagan los consumidores en los surtidores por las naftas y el gasoil. La decisión busca un equilibrio entre el sendero fiscal y el estímulo económico, modificando la normativa previa y escalonando la aplicación de los ajustes por inflación en dos tramos a lo largo de noviembre y diciembre.

El nuevo esquema de actualización de impuestos a los combustibles

El Gobierno de Javier Milei decidió aplicar un ajuste parcial a los montos de los Impuestos Internos sobre los combustibles, manteniendo la base de cálculo en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC, tal como lo establece la Ley 23.966. Sin embargo, el Decreto 782/2025 modificó el cronograma fijado anteriormente por el Decreto 617/2025, buscando suavizar el impacto en los precios y, consecuentemente, en la actividad económica.

La norma oficializada lleva la firma del presidente Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y argumenta que la medida se toma para «continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible». En la práctica, esto significa que el ajuste por la inflación acumulada se aplicará de forma escalonada en lugar de una sola vez.

La mecánica del ajuste escalonado

La nueva disposición establece que los aumentos pendientes de aplicación se aplicarán en dos fases diferenciadas que tendrán lugar antes de fin de año.

Primera etapa: Subas en noviembre

La primera etapa de la actualización comenzó a regir desde el 1 al 30 de noviembre de 2025. Esta fase implica subas específicas en los componentes impositivos, que las empresas petroleras trasladan al precio final de sus productos.

• Naftas (sin plomo, con más de 92 RON y virgen):
  • El Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) se incrementa en $15,557 por unidad de medida.
  • El Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) sube en $0,953 por unidad de medida.
• Gasoil y diésel oil:
  • El ICL aumenta en $12,639 por unidad de medida.
  • Se aplica un monto diferencial de $6,844 para las zonas geográficas incluidas en el beneficio patagónico.
  • El IDC se incrementa en $1,441 por unidad de medida.

Estos valores representan la porción del ajuste por la variación del IPC que se aplica en esta primera instancia.

Segunda etapa: El ajuste final en diciembre

La normativa indica que la parte restante de los incrementos diferidos se aplicará a partir del 1 de diciembre de 2025. Este segundo tramo completará la totalidad de la actualización correspondiente al período de inflación que se estaba regularizando, impactando nuevamente en los precios de venta al público en el último mes del año. La Ley 23.966 prevé que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la entidad responsable de calcular y publicar los montos fijos actualizados cada trimestre (enero, abril, julio y octubre de cada año).

Impacto en el consumidor y la economía

La actualización del impuesto a los combustibles es uno de los factores que, sumado al tipo de cambio y al precio internacional del barril de petróleo, influye directamente en el precio final de las naftas y el gasoil en el surtidor. Para el consumidor, la aplicación del decreto se traduce en un incremento inminente en el costo de llenar el tanque.

La decisión de aplicar el incremento de forma escalonada es un intento de mitigar el shock inflacionario que podría generar una suba completa de una sola vez, buscando contener el impacto en la cadena de costos de la economía. El combustible es un insumo esencial para el transporte de mercaderías, por lo que su precio tiene una incidencia directa en la estructura de costos de prácticamente todos los bienes y servicios.

El objetivo de un «sendero fiscal sostenible» apunta a la necesidad del Gobierno de recomponer la recaudación a través de estos impuestos, que habían sido congelados o diferidos en el pasado, contribuyendo a la meta de equilibrio fiscal.