Inversión en educación cae al mínimo de 10 años: el Presupuesto 2026 sin piso legal ni recuperación real

El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el gobierno consolida una década de retroceso en el financiamiento educativo, proyectando que la participación en el PBI caiga al 0,75%, el nivel más bajo en diez años y eliminando la meta legal del 6%, según un informe de Argentinos por la Educación.

La propuesta del Presupuesto 2026 presentada por el gobierno de Javier Milei al Congreso semanas previas a las elecciones ha puesto en alerta a la comunidad educativa y a los analistas económicos, al proyectar una inversión en educación que se reduce al 0,75% del Producto Bruto Interno (PBI), su valor más bajo en una década. Este retroceso se enmarca en un contexto de contracción del gasto público y, más grave aún, propone la derogación del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, el cual establece la obligación de destinar al menos el 6% del PBI al área. Según el informe “Presupuesto educativo nacional 2026” de Argentinos por la Educación, la tendencia a la baja en la inversión nacional en esta área, que representa el 25% del total, es constante desde 2015, perdiendo más de la mitad de su peso real en la economía.

La consolidación de un ajuste estructural en el sector

El análisis realizado por Javier Curcio, María Sol Alzú y Martín Nistal de Argentinos por la Educación (con datos de FCE/UBA e IIEP-CONICET) revela que la participación de la función «Educación y Cultura» en el PBI se reducirá drásticamente.

Si bien el Presupuesto 2026 proyecta una leve recuperación real del 8% en la inversión total con respecto a 2025 (alcanzando los $6,8 billones constantes), esta mejora se da en el contexto de una base extremadamente baja. La trayectoria es elocuente:

  • 2015: Pico de inversión nacional del 1,59% del PBI.
  • 2024 (Estimado): 0,82% del PBI.
  • 2026 (Proyectado): 0,75% del PBI (Mínimo de 10 años).

Esta caída implica que el gasto real, medido en valores constantes de 2025, se contrajo de $12,9 billones en 2015 a $6,2 billones en 2025.

El aumento nominal que no es real

Dentro del nuevo esquema, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano exhibe un aumento nominal del 17,9%. Sin embargo, al descontar la inflación proyectada en el propio Presupuesto 2026 (estimada en 13,8%), el crecimiento real de los fondos se reduce a un magro 3,6%. En términos relativos, el área educativa pierde peso dentro de la función «Educación y Cultura», cayendo su participación del 85% al 81,7%.

Este crecimiento se ubica por debajo de otras áreas: solo el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado (78,9%), Obligaciones a cargo del Tesoro (30,6%) y el resto de Capital Humano (20,1%) tendrán aumentos mayores. Si bien el Presidente Milei destacó que la partida para universidades será de $4,8 billones y que la inversión en educación aumentaría 8%, la letra fina del proyecto demuestra que el crecimiento es insuficiente para revertir el ajuste acumulado.

El fin del piso legal y la meta del 6%

El punto más alarmante de la propuesta presupuestaria es la intención de derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional.

Desde 2005, este artículo ha sido el pilar legal que establece la obligación de destinar un mínimo del 6% del PBI al sistema educativo. De aprobarse el proyecto libertario, el financiamiento educativo quedaría sin un piso legal, consolidando una década de incumplimiento de la norma, ya que, como señaló la analista Sol Alzú, “a esta meta se llegó únicamente en 2015. O sea, en la práctica nunca se cumple esta ley”.

La consecuencia directa es que la inversión en educación no solo se aleja del objetivo legal, sino que se ubica en su punto más bajo desde la sanción de la ley, legitimando un retroceso estructural que tiene un impacto directo en la calidad y acceso al sistema.

Otros recortes en Ciencia y Técnica

El proyecto también propone una reducción progresiva de la inversión en ciencia y tecnología, la cual contempla un máximo de solo el 1% del PBI, y recorta fondos específicos como el Fondo Nacional para las Escuelas de Educación Técnico Profesional, afectando directamente la infraestructura y capacitación técnica.

Para el especialista Javier Curcio, aunque la programación presupuestaria sugiera «el inicio de una posible reversión del profundo ajuste que caracterizó al sector educativo durante los últimos años» con ese leve crecimiento real, es «imprescindible recuperar el consenso político y social en torno a la asignación prioritaria y estable de recursos para la educación con la legitimidad que otorga la aprobación parlamentaria».

La inversión en educación nacional, aunque solo representa un cuarto del total público (el resto es provincial), es clave para marcar la dirección y las prioridades del sistema. El Presupuesto 2026, al eliminar la meta del 6% y proyectar un mínimo histórico, señala un camino de desfinanciamiento sin precedentes.