Carrascosa demanda al Estado argentino y bonaerense por seis años preso siendo inocente
Absuelto del crimen de María Marta García Belsunce, Carlos Carrascosa impulsa una demanda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para exigir reparación por los seis años de prisión indebida tras una condena anulada.
A más de dos décadas de un crimen que sacudió los cimientos de la justicia y la opinión pública argentina, el caso María Marta García Belsunce suma un nuevo y determinante capítulo. Carlos Carrascosa, viudo de la víctima y absuelto en 2016 tras pasar seis años privado de su libertad por un error judicial, avanza en una demanda formal contra el Estado argentino y el Estado de la provincia de Buenos Aires. La acción busca una reparación económica por el daño inconmensurable sufrido durante su encarcelamiento como supuesto culpable de un homicidio cuyo autor real, Nicolás Pachelo, cumple hoy prisión perpetua.
La presentación, de alto impacto institucional, fue realizada ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta instancia supranacional se convierte en el escenario donde Carrascosa y su defensa exigen una condena contra los Estados por no haber garantizado un debido proceso que evitara la condena errónea.
El reclamo ante el Sistema Interamericano
Fernando Díaz Canto, abogado de Carlos Carrascosa, fue el encargado de confirmar los detalles de la presentación. Según declaró a la agencia Noticias Argentinas, el objetivo principal es «que se los condene a reparar el daño que se le ha hecho con una condena errónea». Esta reparación no es solo simbólica, sino que incluye una compensación económica por los años de vida perdidos y el menoscabo a su honor y libertad.
El letrado, no obstante, aclaró que el monto exacto de la reparación económica que Carrascosa exige aún no está determinado. «Carrascosa está muy bien, esperando que avance la demanda», comentó Díaz Canto, haciendo referencia al estado de ánimo del viudo, que ahora ve cómo el proceso judicial se enfoca en resarcir el perjuicio personal y no en determinar su culpabilidad.
La base legal de la demanda es inobjetable: Carlos Carrascosa fue condenado inicialmente y pasó un tiempo significativo en prisión por un delito que no cometió. Desde 2009 hasta 2015, cumplió su pena en el penal de Campana, para luego pasar a un régimen de arresto domiciliario en un country de Escobar, monitoreado con tobillera electrónica. Esta privación de libertad se extendió hasta su absolución definitiva en 2016, que revirtió la condena previa por homicidio agravado por el vínculo.
Del error judicial a la verdad probada
El caso María Marta García Belsunce es un ejemplo paradigmático de las fallas que pueden ocurrir en el sistema de administración de justicia. El crimen ocurrió en octubre de 2002 en la casa del matrimonio, ubicada en el exclusivo country El Carmel.
En primera instancia, las sospechas y la consecuente condena recayeron sobre Carrascosa. El viudo fue sentenciado en 2009 por ser el presunto autor del homicidio de su esposa. Sin embargo, la persistencia de su defensa y la revisión exhaustiva del caso permitieron, en 2014, acceder a la revisión de la sentencia. El proceso culminó dos años después, en 2016, con la anulación de la condena y su absolución total.
El giro definitivo en el caso se produjo en 2022, cuando la justicia logró establecer la verdad detrás del homicidio. Nicolás Pachelo, por entonces vecino de la familia en El Carmel, fue hallado culpable y condenado a prisión perpetua por los delitos de robo agravado por el uso de arma y homicidio criminis causa (matar para asegurar el robo) agravado por el uso de arma de fuego.
Este hecho, al haber un autor material condenado con sentencia firme, otorga una fuerza particular al reclamo de Carrascosa. El hecho de haber cumplido pena siendo inocente, con el verdadero criminal identificado y sentenciado, pone a los Estados demandados en una posición compleja ante el tribunal internacional.
La demanda de Carrascosa demanda Estado no solo busca una compensación personal, sino que también sienta un precedente fundamental sobre la responsabilidad estatal en los errores judiciales que conllevan la privación de la libertad de personas inocentes. Es un recordatorio de que la justicia debe resarcir el daño cuando el sistema falla de manera tan contundente.
