El plan de Milei busca eliminar convenios y facilita despidos con una reforma laboral de gran alcance

El Gobierno de Javier Milei ha puesto en marcha los lineamientos de una profunda reforma laboral que busca reconfigurar el mercado de trabajo argentino, priorizando la flexibilidad contractual y la desregulación. Presentada en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata ante un foro de empresarios, la propuesta ha encendido las alarmas en el sector sindical y la oposición política debido a sus puntos más controversiales: la eliminación de los convenios colectivos por actividad, la flexibilización de las condiciones de despido y la posible extensión de las jornadas de trabajo.

La administración libertaria defiende estas medidas como esenciales para la reactivación económica, la reducción de la informalidad y la eliminación de la «industria del juicio». Sin embargo, la Confederación General del Trabajo (CGT) y diversos sectores políticos alertan sobre un potencial «retroceso histórico» en los derechos adquiridos por los trabajadores.

El fin de los convenios colectivos y la primacía del acuerdo por empresa

El eje central de la reforma laboral de Milei es la modificación de la estructura de la negociación colectiva. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fueron los encargados de exponer la visión oficial.

Cordero enfatizó que los «convenios por empresa deben primar sobre los de actividad», argumentando que los acuerdos sectoriales actuales son «muy largos» y necesitan una actualización radical. El objetivo es otorgar a cada empleador la libertad de negociar sus propias condiciones laborales, apartándose de las normas que rigen para todo un sector.

Sturzenegger fue aún más explícito al defender el principio de que «convenio inferior prevalece sobre convenio superior». Esta premisa permitiría que los acuerdos internos de una compañía pacten condiciones que estén por debajo de los convenios de la actividad o incluso de las leyes laborales vigentes. Además, el ministro planteó la posibilidad de que las paritarias dejen de ser nacionales para convertirse en provinciales, con la intención de que «en zonas menos productivas se pueda emplear con menores salarios», una propuesta que apunta directamente a la fragmentación salarial y la reducción de costos laborales.

Despidos más sencillos y salarios atados a la productividad

Otro pilar fundamental de la reforma es la simplificación de los despidos y la eliminación del sistema indemnizatorio tradicional. El proyecto contempla reemplazar las indemnizaciones por un fondo de cese laboral, un mecanismo similar al que ya opera el gremio de la construcción (UOCRA). Bajo este esquema, empleadores y trabajadores realizarían aportes periódicos a una cuenta individual para cubrir eventuales despidos, buscando reducir la litigiosidad y el costo que la indemnización directa representa para las empresas.

A esto se suman otras flexibilizaciones contractuales significativas:

• Contratos en cualquier moneda: Se abre la posibilidad legal de pactar salarios o contratos completos en cualquier moneda, incluido el dólar, buscando dar «libertad» a las partes.
• Banco de Horas: Se prevé implementar un banco de horas para compensar el trabajo extraordinario con días de descanso, facilitando a las empresas responder a picos de demanda.
• Salarios dinámicos por productividad: Cordero defendió la idea de «incrementos salariales dinámicos» bajo la premisa de «no es igual remuneración por igual tarea». La intención es retribuir de manera superior a los trabajadores que demuestren mayor productividad, abriendo la puerta a una diferenciación salarial marcada por el rendimiento individual o de la empresa, y potencialmente debilitando la negociación paritaria.

Jornada laboral extendida y preocupación sindical

Uno de los puntos que generó mayor controversia fue la mención a la extensión de la jornada laboral. El empresario Martín Varsavsky, cercano al presidente, reveló que se está evaluando la posibilidad de instaurar una jornada de hasta 13 horas diarias, inspirada en el modelo griego. Aunque se aclaró que esta modalidad sería «negociable» y «opcional», la simple mención encendió las alarmas sociales.

Desde la CGT, el rechazo fue inmediato, calificando la reforma de «regresiva» y denunciando un «retroceso histórico» en la protección del trabajo. En el ámbito digital, las críticas se canalizaron con el lema de «esclavismo moderno», reflejando la profunda preocupación por la erosión de derechos básicos.

La oposición política, representada por figuras como Ricardo Alfonsín (Proyecto Sur), también salió al cruce, acusando al oficialismo de buscar una modernización que es, en realidad, un «retroceso a un sistema más injusto y autoritario». El dirigente opositor remarcó que la agenda libertaria favorece a los grandes grupos económicos «en detrimento del trabajo y la producción» y exigió un equilibrio entre las partes.

En este contexto de debate y polarización, los datos oficiales del SIPA, que indican una pérdida de más de 200.000 empleos formales en los meses recientes (entre noviembre de 2023 y julio de 2025), especialmente en la industria y la construcción, añaden presión al Gobierno para demostrar que su plan de desregulación conducirá, efectivamente, a la prometida generación de empleo formal.