Garrahan: Trabajadores exigen a Milei que cumpla la Ley de Emergencia Pediátrica y amenazan con juicio político

La urgencia del Garrahan: De la protesta a la amenaza de juicio político

Los trabajadores del Hospital Garrahan están intensificando su plan de lucha para exigir la implementación efectiva de la Ley de Emergencia Pediátrica, una normativa crucial para el financiamiento y la sostenibilidad del sistema de salud infantil. En una escalada de su conflicto con el Gobierno nacional, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) ha lanzado una contundente advertencia: si el presidente Javier Milei no cumple con la ley, presentarán un pedido de juicio político en el Congreso.

Esta medida de fuerza, calificada por los trabajadores como un «atropello que no se puede permitir», se suma a un plan de acción que incluye un nuevo paro nacional programado para el 21 de octubre. La APyT exige que «los millonarios recursos propios del Garrahan sean destinados a los trabajadores y no a fondos de inversión». La secretaria general de la APyT, Norma Lezana, explicó que temen que el Gobierno «reglamente pero no aplique la ley», un antecedente que, según ella, ya se ha visto con la Ley de Discapacidad.

En este contexto, el descontento no se limita a un sector. El pasado lunes se realizó un «Cabildo Abierto Nacional» para construir «desde abajo» la perspectiva de un paro nacional, buscando el apoyo de sindicatos y organizaciones afines. Lezana afirmó que ya «recorrieron todos los caminos para ser escuchados» y que la defensa del hospital se ha convertido en un «verdadero movimiento social».

Marcha a Olivos y un frente común por los derechos sociales

Para amplificar su reclamo, la APyT anunció una movilización masiva que tendrá lugar el próximo sábado. Una caravana, encabezada por médicos y personal de la salud del Garrahan, partirá desde el Congreso Nacional y se dirigirá hacia la Quinta Presidencial de Olivos. El objetivo es claro: hacer «ruido» para que el presidente Milei escuche y cumpla con las leyes que han sido ratificadas en el Congreso, incluyendo la Ley de Emergencia Pediátrica y las normas referidas a discapacidad y financiamiento universitario.

La protesta frente a la residencia presidencial, que incluirá un «ruidazo», sumará a su causa a sectores universitarios y a organizaciones de personas con discapacidad, consolidando un frente común en defensa de la salud, la educación y los derechos sociales. La unión de estos distintos sectores resalta una percepción compartida de que las políticas actuales del Gobierno ponen en riesgo derechos fundamentales.

La decisión de ir directamente a Olivos es un mensaje simbólico de los trabajadores, que se sienten ignorados y creen que el Gobierno solo responderá ante la presión directa. El pedido de juicio político no es solo una amenaza, sino un reflejo del nivel de tensión y desesperación que se vive en uno de los hospitales pediátricos más importantes del país.