Femicidios en Argentina: Alerta nacional por 195 víctimas en 2025
La organización MuMaLá reporta 195 femicidios en Argentina en lo que va del año, con un pico de 11 crímenes solo en octubre, lo que urge a declarar la emergencia nacional ante la escalada de la violencia machista que mantiene en vilo al país.
Tragedia persistente: La violencia machista cobra 195 vidas en Argentina
La organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) ha lanzado una contundente advertencia: la violencia de género se mantiene como una «emergencia nacional» que exige medidas urgentes. Según el último informe de su Observatorio Nacional «Mujeres, Disidencias, Derechos», entre el 1° de enero y el 13 de octubre de 2025 se registraron 195 femicidios en Argentina, una cifra que condena al país a lamentar la pérdida de una vida cada 35 horas.
La alarma se agudiza al analizar los datos de octubre, un mes que comenzó con una brutalidad inusitada. En tan solo 13 días, se contabilizaron 11 femicidios, lo que reduce la frecuencia a una muerte cada 28 horas. Este pico, que coincide con el impacto social generado por recientes crímenes en provincias como Buenos Aires, Córdoba y Chaco, subraya la ineficacia de las políticas actuales para frenar la escalada de la violencia machista.
Violencia en el hogar y agresores conocidos, patrón que se repite
El relevamiento de MuMaLá no solo dimensiona la cantidad de víctimas, sino que también arroja luz sobre las dinámicas de estos crímenes. Los datos son claros y desoladores: el 70% de los asesinatos se perpetró en la propia vivienda de la víctima, lo que consolida a los hogares como los escenarios de mayor peligro.
Asimismo, la identidad de los agresores es un factor constante. El informe indica que en el 73% de los casos, el femicida era la pareja, una ex pareja o un familiar de la víctima. Esta proximidad y vínculo de confianza previo en la mayoría de los casos desenmascara un problema estructural ligado a la violencia doméstica y a la falta de respuesta institucional efectiva.
Un dato que interpela directamente al sistema judicial y de protección es que el 14% de las mujeres asesinadas había realizado una denuncia previa contra su agresor. Esta cifra, aunque no mayoritaria, es crítica, pues revela fallas en el acompañamiento, la protección y el seguimiento de las medidas cautelares, dejando a las víctimas desprotegidas incluso cuando buscaron ayuda estatal.
Infancias rotas: El costo invisible de los femicidios
La tragedia de los femicidios en Argentina extiende su sombra mucho más allá de las víctimas directas. El informe de MuMaLá revela que, como consecuencia de estos crímenes, al menos 120 niñas, niños y adolescentes han quedado huérfanos de madre. Este dato expone una de las aristas menos visibles pero más devastadoras de la violencia machista: el impacto intergeneracional y el trauma profundo que recae sobre las infancias.
La conmoción social se ha centrado en casos recientes que demostraron esta violencia sin tregua, como los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi en Florencio Varela (Buenos Aires); el doble crimen de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, en Córdoba; y los casos de Gabriela Arací Barrios en Chaco, y Adriana Velázquez y su hija, Mariana Bustos, en Bahía Blanca. Estos nombres y lugares se suman a la lista, dejando en evidencia que el fenómeno es transversal a todo el territorio nacional.
Diez años de «Ni Una Menos» y reclamo de emergencia
Este año se conmemoraron diez años de la primera movilización masiva del movimiento Ni Una Menos, un hito que puso los femicidios en Argentina en el centro del debate público. MuMaLá aprovechó esta efeméride para poner la última década en perspectiva: desde el 1° de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2025, el observatorio registró 2.589 femicidios, femicidios vinculados y travesticidios.
La organización ha reiterado su demanda histórica: la declaración de la emergencia nacional en violencia de género. Argumentan que, diez años después de aquel primer grito colectivo, las políticas públicas siguen siendo «insuficientes y desfinanciadas» para enfrentar una problemática que, lejos de disminuir, mantiene un promedio sostenido de una víctima fatal cada 33 horas durante la última década. La exigencia es clara: dotar de recursos reales y programas integrales que garanticen la prevención, protección y acceso a la justicia para las víctimas y sus entornos.
