Récord histórico: la informalidad laboral en Argentina alcanza su nivel más alto en 17 años pese a la Ley Bases
El trabajo en negro en Argentina alcanzó el 43,2% de la ocupación total en el segundo trimestre de 2025, el valor más alto desde 2008, según un estudio de la UBA. Este aumento de la informalidad laboral, que se da tras la implementación de la Ley Bases, muestra que los trabajadores no registrados ganan en promedio un 44% menos que sus pares formales.
A un año de la Ley Bases: el trabajo en negro crece con fuerza
A pesar de la flexibilización y las modificaciones introducidas por la Ley Bases (Ley N°27.742) aprobada el año pasado, la informalidad laboral en Argentina experimentó un fuerte crecimiento.
Una investigación del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, utilizando datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), reveló que en el segundo trimestre de 2025, el 43,2% de los trabajadores ocupados no estaban cubiertos por la seguridad social, laboral o impositiva.
Este porcentaje representa un aumento de 1,6 puntos porcentuales en la comparación interanual y sitúa la informalidad laboral en los valores más altos de los últimos 17 años, con la única excepción de un pico en 2022. Esto significa que 4 de cada 10 trabajadores están en una situación de precariedad.
Al desagregar los datos, la tasa de informalidad es especialmente preocupante:
- Asalariados informales: 37,7%.
- Trabajadores por cuenta propia informales: 62,5%.
- Patrones informales: 22,2%.
A pesar de las altas tasas entre cuentapropistas, los asalariados informales representan el 63% del total del empleo informal, dada su importancia relativa en el empleo general.
La «penalidad» por informalidad: 44% menos de ingresos
La falta de registración no solo implica la pérdida de derechos (jubilación, obra social, ART), sino una severa penalidad en los ingresos. La investigación del IIEP determinó que los trabajadores informales perciben, en promedio, un 44% menos que un ocupado formal.
Esta diferencia de ingresos se mantiene incluso al comparar trabajadores con similares características personales (nivel educativo, edad, sexo, región, rama de actividad, categoría ocupacional y tamaño de la empresa).
Si un trabajador formal con un perfil determinado obtiene un ingreso mensual de $100.000, su par informal con las mismas características obtendrá una remuneración mensual de $56.000.
La informalidad golpea con más fuerza a los extremos de edad
El informe destaca que la degradación del empleo es particularmente severa en dos grupos etarios:
- Jóvenes (16 a 24 años): La tasa de informalidad asciende al 63%, casi 21 puntos porcentuales más que la tasa global. Esto significa que 6 de cada 10 trabajadores jóvenes son informales, lo que evidencia las grandes dificultades de inserción en el mercado laboral argentino.
- Mayores (65 años o más): La tasa alcanza el 51%.
El grupo de trabajadores en edades centrales (entre 25 y 44 años), que representa casi la mitad del empleo total, exhibe una tasa cercana al promedio (41,4%). En contraste, el grupo con menor incidencia de la informalidad es el de 45 a 64 años (34,5%).
El debate sobre la flexibilización laboral y sus consecuencias
Estos datos históricos de informalidad laboral corroboran la tesis de diversos expertos en ciencias sociales: la flexibilización laboral, lejos de generar mayores niveles de formalidad y empleo registrado, suele producir el efecto contrario: aumenta la informalidad y la pérdida de derechos laborales.
La Ley Bases N°27.742 introdujo importantes modificaciones, destacándose la derogación parcial de la Ley N°24.013. Esta derogación eliminó las sanciones económicas y multas que se aplicaban a los empleadores por la falta de registración del vínculo laboral o trabajo no registrado. Muchos analistas ya adjudican a esta reforma, impulsada por el gobierno de Javier Milei y aprobada por el Congreso, el aumento del trabajo no registrado.
Si bien se mantienen vigentes los Artículos 8° y 11° de la Ley 24.013, que permiten al trabajador reclamar e intimar a la registración del vínculo laboral ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el contexto económico actual limita la efectividad de estos derechos. En un escenario de contracción económica, caída de la actividad comercial y desplome del empleo, la posibilidad de iniciar un reclamo legal conlleva el riesgo casi certero de la pérdida inmediata del puesto de trabajo y escasas posibilidades de ser recontratado.
