DNU: Diputados aprueba un proyecto que limita al Poder Ejecutivo, pero el rechazo de un artículo lo devuelve al Senado
La Cámara de Diputados aprobó una ley que limita la emisión de Decretos de Necesidad y Urgencia, pero el rechazo al artículo que fijaba un plazo de 90 días para su tratamiento posterga su sanción definitiva, dándole un respiro al oficialismo.
La oposición en el Congreso logró aprobar un proyecto de ley que establece restricciones contundentes a la potestad del Poder Ejecutivo para dictar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). No obstante, el rechazo a un artículo polémico —aquel que establecía un plazo de 90 días para la caída de los decretos si el Congreso no se pronunciaba— obliga a toda la norma a volver al Senado. Este revés parcial ha sido festejado por el oficialismo, ya que la dilación del trámite parlamentario pospone un eventual veto presidencial hasta después de las próximas elecciones.
La clave de la reforma: mayor control opositor
El proyecto aprobado en Diputados, que había logrado un amplio consenso inicial en el Senado, busca modificar la Ley 26.122 de 2006, impulsada en su momento por Cristina Fernández durante el gobierno de Néstor Kirchner. La principal novedad de la nueva ley se centra en dos aspectos cruciales que restringen significativamente el margen de maniobra de un gobierno en minoría parlamentaria:
- Aprobación Bicameral: La reforma exige que ambas Cámaras (Diputados y Senadores) se pronuncien sobre la validez de los decretos para que sean ratificados. Actualmente, basta con la aprobación de una sola Cámara. Esto significa que la oposición solo necesitaría obtener una mayoría en cualquiera de las Cámaras para invalidar cualquier DNU dictado por el Poder Ejecutivo.
- Unidad Temática: Se establece que cada decreto deberá referirse a un área particular para evitar la mezcla de temas en un único texto. Con esta restricción, el Gobierno no podría volver a firmar un decreto ómnibus como el DNU 70/23, que modificaba cientos de leyes y abarcaba múltiples áreas de gestión.
El artículo que frenó la ley: los 90 días
A pesar de la aprobación general de la ley, el debate se centró en el artículo 3, que establecía un plazo fatal para la validación de los decretos. Este artículo estipulaba que si el Congreso no se pronunciaba sobre un DNU en un lapso de 90 días corridos, el decreto automáticamente caería.
En la votación en particular, el artículo 3 fue rechazado, lo que forzó la vuelta del proyecto al Senado. El oficialismo logró su objetivo gracias a una serie de movimientos clave:
- Abstenciones y Rechazos: El Gobierno contó con las abstenciones de diputados de la Coalición Cívica y el cambio de voto de figuras clave de Coherencia y el PRO, además de la ausencia de una diputada de Unión por la Patria.
- Ganancia de Tiempo: En las filas libertarias se considera que, aunque el Senado podría ratificar el texto original con el artículo 3 incluido, la discusión quedará postergada hasta después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Implicancias políticas y la amenaza de veto
La nueva ley representa una restricción muy contundente para el presidente Javier Milei, quien ha utilizado los DNU como herramienta principal ante su minoría parlamentaria. Desde la Casa Rosada ya se había advertido que el presidente vetaría la norma por considerar que pone en juego la gobernabilidad.
El hecho de que el trámite se prolongue y un eventual veto quede para después de las elecciones, permite al oficialismo ganar tiempo. Se espera que un resultado aceptable en los comicios permita al Gobierno recomponer la relación con gobernadores y ex aliados, lo que podría ayudar a frenar la seguidilla de reveses parlamentarios que ha sufrido.
Si el Gobierno no logra sostener un eventual veto presidencial, la nueva ley haría que los consensos mayoritarios se conviertan en un requisito casi ineludible para gobernar.
