Denuncia Penal a Milei, Francos y Caputo por el «Affaire Retenciones 0%»

Una fuerte controversia política y agropecuaria se desató en Argentina tras la presentación de una denuncia penal anónima contra la cúpula del gobierno y cinco gigantes agroexportadoras, en el marco de una medida transitoria que dejó las retenciones a cero. La acusación formal, presentada ante el fiscal Sergio Rodríguez, apunta al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo, al jefe de Gabinete Guillermo Francos, y al secretario de Agricultura Sergio Iraeta, por los presuntos delitos de «administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público». Las empresas señaladas como partícipes necesarios en esta maniobra, bautizada como el «affaire Retenciones 0%», son Bunge Argentina S.A., LDC Argentina S.A., Cofco International Argentina, Viterra Argentina S.A. y Cargill S.A.C.I.

La mecánica del supuesto fraude y el perjuicio al fisco

La denuncia se centra en la «ventana de oportunidad» de menos de 72 horas que se abrió tras el decreto que fijó las retenciones a cero y su posterior reversión. Durante este breve lapso, las grandes agroexportadoras habrían anotado un volumen extraordinario de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) —estimado en 19 millones de toneladas— al valor bruto completo, sin aplicar el descuento impositivo.

La maniobra denunciada consiste en que, una vez restauradas las retenciones, las compañías exportadoras habrían liquidado la operación pagando el impuesto correspondiente, pero sin trasladar ese precio más alto de forma íntegra a los productores. En consecuencia, las empresas se habrían quedado con la diferencia, generando beneficios extraordinarios a costa del Estado y de los propios productores. La denuncia estima que el perjuicio para el fisco podría ascender a una cifra monumental, ubicada entre US$ 1.000 millones y US$ 1.500 millones. A modo de comparación, la presentación señala que esta cifra «es alrededor de 10 veces lo asignado oficialmente al Hospital de Pediatría Garrahan para el año que viene».

Cuestionamientos a las resoluciones y la ley Martínez Raymonda

Parte sustancial de la acusación recae en la emisión de dos resoluciones consecutivas por parte de la Secretaría de Agricultura (la 184/2025 y la 185). La denuncia sostiene que estas normas, publicadas en plazos muy estrechos, modificaron los criterios de aplicación de las DJVE, ampliando el alcance del beneficio temporal para las exportadoras.

Adicionalmente, la presentación judicial invoca la vigencia de la Ley Martínez Raymonda (de 2007), la cual impone límites legales al uso de declaraciones juradas anticipadas en contextos de alícuotas cambiantes. La ley establece que solo se puede acceder a beneficios impositivos por DJVE si estas se referencian en existencias reales y existentes de mercadería al momento de su instrumentación, un criterio que la denuncia pone en duda para el gigantesco volumen anotado en tan pocas horas.

El proceso judicial y la presión del sector agropecuario

La denuncia anónima fue radicada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y ahora es responsabilidad del fiscal Sergio Rodríguez determinar si avanza con la apertura formal de la investigación. El proceso implica la recolección de pruebas, la citación de testigos y el análisis de la documentación operativa de las empresas y el gobierno, con la posibilidad de elevar la causa a un juez en Comodoro Py.

Desde el sector productor ya se manifestó un profundo malestar. El productor Roland Garnier señaló que la medida se tomó en un momento crucial, impactando negativamente en sus rendimientos, dado que los cambios abruptos en los precios de los cereales afectan directamente el costo de los insumos que están comprando para la próxima campaña. Las voces críticas del sector estiman que la escala de la maniobra denota una connivencia entre el Poder Ejecutivo y las exportadoras.

Mientras que desde el gobierno podrían argumentar que el objetivo era dinamizar las exportaciones y atraer divisas, este argumento se vería comprometido si prospera la acusación de que el mecanismo fue manipulado para favorecer a empresas privadas en perjuicio del interés público. El caso ya escaló al ámbito legislativo, con diputados como Esteban Paulón solicitando explicaciones al titular de ARCA, Juan Pazo, por las polémicas resoluciones. La causa se perfila como un caso emblemático que fusiona el negocio agrario, la fiscalidad y la ética institucional en un momento de alta polarización política.