El gobierno de Milei desfinancia políticas contra la trata de personas
Según el presidente de la Red Alto al Tráfico, la Trata y la Explotación (RATT), Fernando Mao, el gobierno actual ha desmantelado todas las políticas públicas de lucha contra la trata, afectando refugios, programas de empleabilidad y mecanismos de prevención. Esta situación, denuncia, facilita el accionar de las redes delictivas.

En una contundente advertencia, Fernando Mao, presidente de la Red Internacional de Alto al Tráfico, la Trata y la Explotación (RATT), denunció que la actual administración de Javier Milei ha desfinanciado sistemáticamente todas las políticas de lucha contra la trata de personas en Argentina. Según Mao, este desguace abarca desde los refugios para víctimas y programas de reinserción social, hasta la falta de folletería y señalética con información vital para la prevención y la denuncia.
«Cuando rescatamos a una víctima de trata, no tenemos lugares para una restitución plena de derechos y estas mujeres vuelven al circuito de explotación», afirmó Mao, evidenciando el impacto directo de la falta de recursos en la vida de las personas que logran escapar de estas redes.
La desregulación que beneficia a las redes criminales
Una de las críticas más severas de Mao se centró en la Disposición 166/2025 de la Secretaría de Transporte, que flexibilizó los controles para que menores de edad viajen en micros en servicios internacionales sin la obligatoriedad de verificar los permisos correspondientes. Para el referente de la RATT, esta medida es un «semáforo verde» para las redes de trata. «Si una chiquita misionera se la llevaba alguien de viaje, la Secretaría de Transporte pedía los documentos. Ahora ya no se piden más los documentos», advirtió, y agregó que «esto es un semáforo verde para que estas redes vuelvan a reclutar niños y se los lleven y que nunca más aparezcan».
El activista señaló que esta desregulación, impulsada por el ministro de Modernización Federico Sturzenegger, representa un retroceso de casi dos décadas en la lucha contra este delito. «En Argentina estamos como estábamos en el año 2006, cuando no teníamos ley», lamentó Mao, criticando que «todo el desguace de las políticas públicas de la administración presidencial actual es un desastre».
La sociedad civil y las provincias, solas en la lucha
A pesar del desfinanciamiento a nivel nacional, Mao destacó la labor de la sociedad civil y el compromiso de algunas provincias. En Misiones, por ejemplo, se están llevando a cabo campañas de prevención, con la distribución de folletería que brinda consejos para evitar el reclutamiento a través de las nuevas tecnologías, un método cada vez más utilizado por los delincuentes.
Mao enfatizó que su organización, RATT, no recibe fondos del Estado precisamente para evitar ser cooptada, ya que «los estados a veces están implicados en el delito de trata». Por ello, su trabajo se sostiene en la responsabilidad social empresarial y ciudadana. No obstante, advirtió que los esfuerzos de las ONG se ven frustrados cuando no hay una contraparte estatal que garantice la reinserción de las víctimas. «Todo lo que hace la sociedad civil queda como una rueda que no puede avanzar», remató.
Finalmente, Mao denunció la falta de presupuesto para la prevención. «Vas a pedir un folleto a nivel nacional para llevarte a Charata y no hay presupuesto, te dicen. ¿Puede ser que te digan que no hay presupuesto para un sticker que pueda poner llamar a línea 145? Todo lo que había era de la gestión anterior», concluyó, subrayando la parálisis en la materia y el riesgo que esto representa para miles de personas vulnerables en todo el país.