Ajuste fiscal: La AUH en la mira y el desfinanciamiento de programas para la niñez en Argentina

El Gobierno nacional, en su proyecto de Presupuesto 2026, propone eliminar la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que dejaría de ajustarse por inflación. Esta medida, junto con el desfinanciamiento de programas como el Plan ENIA y las Becas Progresar, profundiza un ajuste que, según informes de organizaciones civiles, ya ha recortado 17% de los fondos destinados a políticas para la niñez y adolescencia desde el inicio de la gestión.

El ajuste fiscal promovido por el Gobierno del presidente Javier Milei avanza sobre programas sociales clave, afectando directamente a niños, niñas y adolescentes. El proyecto de Presupuesto 2026, enviado al Congreso, contiene una cláusula crítica: la eliminación de la movilidad automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Actualmente, el valor de esta prestación social se ajusta mensualmente según el índice de movilidad jubilatoria, atado a la inflación. De aprobarse la propuesta, la AUH, que beneficia a casi 4,1 millones de menores de 18 años, quedaría sujeta a la discreción del Poder Ejecutivo, con el riesgo de una licuación de su valor real.

Esta medida, señalada por un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), no es un hecho aislado. Se enmarca en una política de recortes presupuestarios que, desde la asunción de la actual gestión, ha afectado a 38 programas sociales destinados a la niñez. La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes advirtió que en la primera mitad de este año el ajuste alcanzó un 17% respecto al mismo período de 2023.

Un recorte generalizado y sus consecuencias

El proyecto de presupuesto no solo amenaza la AUH, sino que consolida el desmantelamiento de otros programas sensibles que han demostrado su efectividad a lo largo de los años.

  • Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia): A pesar de haber logrado una reducción del 50% en la tasa de fecundidad adolescente en los últimos cinco años, este programa ha sido virtualmente desmantelado. El presupuesto para 2026 prevé una reducción del 85% respecto a 2025 y representaría menos del 3% de lo invertido en 2023.
  • Educación Sexual Integral (ESI): La partida destinada a la ESI, bajo la órbita de la Secretaría de Educación, caería a solo $239 millones para 2026, un recorte dramático en comparación con el presupuesto de 2023.
  • Becas Progresar: Este programa, que busca apoyar a estudiantes sin recursos, sufrió una caída del 31,9% en su presupuesto ejecutado durante la primera mitad del año, con una disminución acumulada del 75% desde 2023. El valor de la beca no se actualiza desde septiembre del año pasado, lo que ha provocado una significativa pérdida de poder adquisitivo.
  • Programas para jóvenes sin cuidados parentales: El Plan de Acompañamiento del Egreso (PAE), destinado a jóvenes que salen de hogares de menores, perdió el 32,5% de su valor desde diciembre de 2023, ya que el monto, equivalente al 80% del salario mínimo, se ha ido desactualizando.

A pesar de que el gobierno destaca un aumento del 90% en el valor real de la AUH desde fines de 2023, este dato oculta el desplome del 17% en el conjunto de los programas de transferencias directas a familias. El recorte más significativo, según ACIJ, se proyecta para 2025 y 2026.

¿Hacia un vaciamiento de las políticas sociales?

La propuesta del Gobierno para el Presupuesto 2026 parece ir más allá de un simple ajuste fiscal y apunta a una reconfiguración de las políticas de asistencia social. La eliminación de la movilidad de la AUH, sumada al desfinanciamiento de programas de prevención y educación, podría tener un impacto directo en el bienestar y el desarrollo de millones de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La justificación de estas medidas, que coincide con compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para «mejoras de eficiencia en los programas sociales», genera un debate sobre la prioridad del Estado. Mientras las necesidades básicas de la población infantil se ven amenazadas por la inflación y los recortes, la discusión se centra en el cumplimiento de metas macroeconómicas. La falta de partidas para la construcción de jardines infantiles en 2026 es otro ejemplo de esta tendencia.

La aprobación de este proyecto en el Congreso definirá el futuro de la protección social en el país y el nivel de vulnerabilidad al que quedarán expuestos los sectores más jóvenes y desfavorecidos de la sociedad argentina.