Allanaron a un exfuncionario de la Andis y hallaron US$ 80.000 en una caja de seguridad
En el marco de la investigación por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el fiscal Franco Picardi allanó la residencia del ex funcionario Diego Spagnuolo, donde se descubrieron 80.000 dólares.
La causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio un giro significativo en las últimas horas. Tras una serie de allanamientos simultáneos ordenados por el fiscal federal Franco Picardi, se hallaron US$ 80.000 en una caja de seguridad vinculada a un ex director del organismo, Diego Spagnuolo. El descubrimiento se produjo en un banco y forma parte de una exhaustiva búsqueda de la “ruta del dinero” que, según la fiscalía, podría confirmar un esquema de sobornos y administración fraudulenta que salpica a altos cargos del gobierno.
Los procedimientos judiciales, que también incluyeron allanamientos en las propiedades de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, buscan reunir pruebas sobre el presunto acuerdo de coimas que habría beneficiado a funcionarios nacionales. Además del hallazgo de divisas, las autoridades judiciales solicitaron información sobre los ingresos y egresos de los barrios privados donde residen los implicados y secuestraron correos electrónicos y documentación comercial relevante.
En medio de los allanamientos, la investigación sufrió un inesperado cimbronazo: los abogados defensores de Spagnuolo, Juan Aráoz De Lamadrid e Ignacio Rama Schultze, renunciaron a la representación legal de su cliente por “motivos personales”. Este quiebre en la defensa de uno de los principales investigados añade más incertidumbre sobre el futuro de la causa.
El testimonio de Cerimedo fue clave
El avance de la pesquisa se produce luego de la declaración como testigo del consultor Fernando Cerimedo, un estratega digital de La Libertad Avanza. Cerimedo amplió los detalles de conversaciones previas que mantuvo con Spagnuolo, en las que el exfuncionario habría mencionado la existencia de pagos indebidos y un esquema de corrupción. El testimonio de Cerimedo, que ya había generado un fuerte revuelo político, sirvió como disparador para que la fiscalía profundizara su rastreo patrimonial, lo que derivó en el hallazgo de la caja de seguridad con el dinero.
La causa se originó a partir de la difusión de audios que sugieren la participación de altos dirigentes del oficialismo, incluyendo a Javier Milei, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, los hermanos Kovalivker y el propio Spagnuolo. A todos ellos se les imputa, según el texto judicial, haber participado de un esquema de sobornos que habría desviado fondos públicos, además de posibles violaciones a la Ley de Ética Pública.
Una causa que crece en tensión
El caso también sumó otro punto de conflicto con la denuncia del juez Sebastián Casanello contra el jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina por resistencia a la autoridad y falso testimonio, lo que indica que el cerco judicial sobre la empresa se está estrechando.
En los domicilios allanados se secuestraron registros de ingresos y egresos, así como documentación comercial y expedientes vinculados a compras de medicamentos. El objetivo es reconstruir el camino del dinero y probar el presunto acuerdo ilícito entre la firma proveedora y los funcionarios. El análisis de la documentación bancaria y fiscal que aún debe ser remitida a la fiscalía se perfila como un paso crucial para el futuro de la causa.
El hallazgo de los US$ 80.000 en una caja de seguridad del ex funcionario Diego Spagnuolo representa una prueba material importante en la investigación por corrupción en la ANDIS. La situación se vuelve cada vez más compleja para el gobierno de Javier Milei, ya que la justicia está profundizando el rastreo de una presunta ruta de sobornos que, según la hipótesis de la fiscalía, involucra a miembros de la esfera más cercana del poder. La renuncia de los abogados de Spagnuolo y los nuevos hallazgos judiciales sugieren que la causa está lejos de resolverse y se ha convertido en una de las mayores pruebas de fuego para la administración actual en materia de transparencia.
