Los vetos de Milei unieron a las universidades y al Garrahan
Los recientes vetos de Milei a leyes clave de salud pública y educación han desatado una respuesta unificada de universidades públicas y el Hospital Garrahan. Ambos sectores iniciaron un plan de lucha conjunto, que culminará con una gran Marcha Federal para exigir el rechazo de los vetos en el Congreso.

En un movimiento sin precedentes, la comunidad universitaria y los profesionales del Hospital Garrahan han forjado una alianza en respuesta a los recientes vetos de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica. La decisión del presidente, tomada con escasas horas de diferencia, ha sido calificada como un «atropello autoritario» y ha generado una oleada de indignación que, según los propios sectores afectados, podría convertirse en un boomerang político para el Gobierno. La unidad de estos dos símbolos de la resistencia pública marca un nuevo capítulo en la confrontación por las políticas de ajuste.
Los trabajadores y profesionales del Hospital Garrahan, centro de referencia en salud de la infancia, han condenado los vetos como «aberrantes y mentirosos». La licenciada Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Garrahan, advirtió que el presidente ha «abierto una Caja de Pandora», unificando a la sociedad civil y a los trabajadores en una causa común.
Un plan de lucha con paros y una marcha federal
La respuesta de las universidades y del Garrahan no se hizo esperar. De forma inmediata, se anunció un plan de lucha conjunto que comenzó este mismo jueves con una reunión entre rectores universitarios y representantes del hospital para coordinar acciones. El plan incluye un «Ruidazo Nacional» que se llevará a cabo hoy viernes a las 20 horas, con epicentro en el Garrahan, donde ya se ha convocado un paro, y en cada una de las universidades del país, que también se sumarán a la medida de fuerza.
Este tipo de acciones conjuntas buscan visibilizar la magnitud del rechazo a los vetos y ejercer presión sobre el poder legislativo. La protesta se intensificará el próximo lunes 15 de septiembre, cuando se realizará una conferencia de prensa frente al Congreso de la Nación. Allí, la comunidad universitaria y las organizaciones de la salud pública se congregarán para «exigir a diputados y senadores que traten en forma conjunta ambos vetos y los rechacen», según precisó Lezana.
El objetivo de este enfoque unificado es claro: demostrar que la defensa de la salud pública y la educación superior es una sola causa, inseparable y de interés nacional. Los vetos de Milei han logrado lo que antes parecía impensable, una alianza masiva que podría tener consecuencias significativas en el debate legislativo sobre las medidas presidenciales.
“Este presidente es enemigo de las infancias y la universidad”
La retórica de los manifestantes se ha endurecido ante lo que consideran un ataque frontal a los pilares del bienestar social. Norma Lezana no dudó en afirmar que «este presidente es enemigo de las infancias, de la salud pública y de la universidad, y vamos a vetarlo nosotros en las calles». Esta declaración resume el sentir de una protesta que trasciende la mera demanda salarial o presupuestaria para convertirse en una defensa de los servicios públicos esenciales.
La Marcha Federal, que será la culminación del plan de lucha, se convocará para el día en que el Congreso de la Nación se reúna para tratar los vetos. Esta movilización busca replicar la masividad y el impacto de la Marcha Federal universitaria que tuvo lugar a principios de este año, y que logró visibilizar con fuerza el conflicto presupuestario de las casas de estudio. La unión del sector de la salud pública, representado por un símbolo como el Hospital Garrahan, le añade una nueva capa de legitimidad y urgencia a la protesta.
La estrategia de los sectores movilizados es clara: mantener la presión en las calles y en los medios para influir en la decisión de los legisladores. La vocación de responder de manera unificada, tal como lo expresó Lezana, muestra que la resistencia al ajuste ha encontrado un nuevo frente común, uniendo a la salud pública y la educación en una sola causa que busca defender los derechos y la calidad de vida de todos los ciudadanos.