El Congreso ratifica el financiamiento universitario y desafía el veto presidencial
Por segunda vez en menos de un año, el Senado aprobó una ley que actualiza el financiamiento para universidades, hospitales y ciencia por inflación, consolidando un respaldo de dos tercios que deja al Gobierno ante un nuevo desafío político y económico.
El Congreso de la Nación ha vuelto a dar una contundente señal en defensa del sistema universitario. Por segundo año consecutivo, y con una mayoría abrumadora en el Senado, se sancionó una ley que busca garantizar la actualización del financiamiento para las universidades públicas, hospitales universitarios y el sector de ciencia y tecnología. Con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, el proyecto fue aprobado en la cámara alta, dejando al Poder Ejecutivo, una vez más, ante la encrucijada de vetar o promulgar una norma con amplio respaldo legislativo.
El respaldo a la educación pública El debate fue adelantado por la oposición, liderada por Unión por la Patria, que logró el consenso necesario para sortear los plazos reglamentarios del Senado. La iniciativa establece una actualización de las partidas presupuestarias al 1 de enero de 2025, ajustadas por la inflación acumulada de los años 2023 y 2024. Además, prevé incrementos bimestrales basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023, con actualizaciones mensuales a futuro.
Este proyecto, que ya había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados el 7 de agosto, refleja un amplio acuerdo político en el Congreso, que se consolida aún más en esta nueva votación en el Senado. El legislador Maximiliano Abad, en un claro mensaje al Ejecutivo, señaló que “gobernar sin presupuesto es como navegar sin brújula, se avanza sin rumbo claro”, mientras que el senador Víctor Zimmerman destacó la oportunidad de actualizar las remuneraciones para acompañar el impacto de la inflación.
El escenario del veto presidencial El panorama político que se abre ahora es de alta tensión. El Gobierno ya ha manifestado su rechazo a una ley similar el año pasado, en un claro mensaje que prioriza el equilibrio fiscal por encima de otras demandas. La Libertad Avanza, el partido del presidente, ha reiterado su posición de que “el superávit fiscal no se negocia”, lo que sugiere un posible nuevo veto presidencial. La ley también incluye partidas específicas para becas estudiantiles, subsidios a la investigación y el funcionamiento de los hospitales universitarios, pero no cuenta con una estimación oficial del impacto fiscal, aunque fuentes legislativas lo sitúan en un 0,14% del PBI, cifra similar a la del proyecto vetado en 2024.
A pesar de que el gasto en educación superior en Argentina ha disminuido históricamente, pasando de un 0,80% a un 0,43% del PBI según un informe de la CONADU citado por el senador Fernando Salino, el Gobierno mantiene su postura inalterable. El Ejecutivo se ampara en una definición política: mantener el equilibrio fiscal como máxima prioridad.
La división política y el rol de los legisladores La votación evidenció una clara división. Mientras la mayoría de los legisladores respaldó la iniciativa, los seis senadores libertarios, junto a otros de la oposición como Carmen Álvarez Rivero y Martín Goerling, votaron en contra. La senadora Carolina Losada fue la única que cambió su voto respecto a la ley anterior, pasando de la aprobación a la negativa.
La estrategia de la oposición de reunir los dos tercios de los votos en ambas cámaras busca dejar en evidencia el amplio respaldo con el que cuenta la iniciativa, ejerciendo presión sobre el Poder Ejecutivo. Aunque el veto presidencial parece ser el desenlace más probable, la aprobación de esta ley marca un hito en la defensa del presupuesto universitario desde el Congreso y renueva el debate sobre las prioridades económicas del país.
La aprobación de esta ley en el Congreso, por segundo año consecutivo, no solo reafirma la defensa de la educación pública por parte de la mayoría de los legisladores, sino que también establece un claro pulso con el Poder Ejecutivo. El desenlace de esta situación, y la decisión final del presidente respecto al veto, marcará el rumbo del financiamiento universitario y la relación entre ambos poderes del Estado en el futuro cercano.
