Desregulación en salud: farmacéuticas en récords de facturación mientras el acceso a medicamentos se desploma

Mientras la industria farmacéutica celebra una facturación récord en Argentina, el acceso y consumo de medicamentos por parte de la población evidencian una crisis profunda. De acuerdo con datos oficiales, las empresas del sector alcanzaron una facturación de $2,3 billones en el primer trimestre de 2025, lo que representa un impresionante aumento interanual del 74%. Sin embargo, en un contraste preocupante, el consumo de medicamentos apenas creció un 2,5% y sigue estando un 6,7% por debajo de los niveles de 2023, con un impacto devastador en jubilados tras los recortes al PAMI.

Esta divergencia entre la rentabilidad empresarial y el acceso de los ciudadanos subraya el costo social de la desregulación económica impulsada por el gobierno de Javier Milei. Un informe privado, al que accedió este medio, señala que “desde el cambio de gestión, las dos curvas –facturación de las farmacéuticas y consumo de medicamentos– se desvincularon; es decir que, el aumento de la facturación no responde a un aumento de los medicamentos consumidos”.

El alto costo de la desregulación: tratamientos interrumpidos y vidas en riesgo

A la caída en la venta de medicamentos, exacerbada por la pérdida del poder adquisitivo, se suma una realidad aún más alarmante: cada vez más tratamientos de salud se ven interrumpidos por razones económicas. Un informe reciente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reveló la existencia de 1.800 expedientes de solicitud de medicamentos sin resolución y la trágica cifra de 60 muertes reportadas por la interrupción de tratamientos oncológicos.

Además, los tratamientos para el VIH sufrieron un recorte del 47% en su presupuesto, y la inversión en insumos para la prevención de embarazos fue prácticamente nula. Expertos advierten que esta situación implica un riesgo real de daño para la población, ya que la salud que se pierde por falta de acceso a medicación no se recupera.

El gobierno libertario ha abandonado la política de regulación de precios y acuerdos sectoriales, implementando diversas desregulaciones: se autorizó la venta online y la entrega a domicilio de medicamentos en farmacias, y se habilitó su venta en kioscos y supermercados (aunque esta última medida fue suspendida en abril de 2025 por una medida cautelar). A esto se suman despidos masivos en áreas clave vinculadas a vacunas y provisión de medicamentos, así como recortes en la entrega de insumos médicos. Este escenario ha derivado en un ritmo de aumentos de precios por encima de la inflación, y, crucialmente, muy por encima de los incrementos del Salario Mínimo, Vital y Móvil, y de los haberes jubilatorios.

«Las políticas de gobierno desde 2024 implicaron convertir los medicamentos en mercancías de libre mercado: liberación de precios, eliminación de acuerdos con laboratorios y habilitación de venta en kioscos y supermercados (suspendida). A eso se suman despidos masivos en áreas clave vinculadas a vacunas, asistencia y provisión de medicamentos; y recortes en la entrega de insumos médicos, afectando especialmente a personas con cáncer, VIH u otras condiciones o enfermedades graves”, detallaron desde el CELS.

Impacto en el consumo y la facturación: una brecha que se agranda

Según los últimos datos oficiales del INDEC, la facturación total de la industria farmacéutica en el primer trimestre de 2025 fue de $2.300.931 millones, un 74,3% más que en el mismo período de 2024. Este crecimiento se desglosa en un 65,4% de producción nacional y un impresionante 93,6% en la reventa local de productos importados, lo que sugiere un mayor margen de ganancia en este último segmento.

En marcado contraste, la venta de medicamentos al público no logra recuperarse. «Si bien creció contra 2024 (+2,5%), año en el que las ventas habían caído 7,8% (se vendieron 61 millones de unidades menos), sigue en niveles bajos y en el primer trimestre del 2025 se ubicó 6,7% por debajo de igual lapso del 2023», señalaron desde el Instituto Argentina Grande (IAG). Este dato coincide con el informe de la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa), que a febrero de 2025 ya registraba cuatro meses consecutivos de caídas en los despachos de medicamentos, tanto con receta (-10% vs. dic/24) como de venta libre (-6% vs. dic/24).

Desde el IAG, la evaluación es contundente: “el inicio de la era Milei y el auge de la desregulación económica, trajo como consecuencia una fenomenal aceleración de los precios, con un impacto altamente negativo en el rubro de medicamentos”.

Crisis en el acceso a la salud pública

La situación es particularmente grave para los tratamientos oncológicos y otras enfermedades graves. El Instituto Nacional del Cáncer (INC), que era clave para garantizar políticas de prevención, tratamiento e investigación, sufrió el despido de 57 personas en enero, la suspensión de la compra de opioides (morfina y metadona) y el anuncio de su cierre para ser reconvertido a dirección nacional. Esto, según el CELS, significa que “personas empobrecidas y enfermas quedan sin tratamiento por decisiones políticas”.

La crítica situación de jubilados y pensionados

Este escenario golpea especialmente a los jubilados y pensionados, quienes dependen en gran medida de la cobertura de medicamentos del PAMI. La administración actual ha reducido el acceso a medicamentos esenciales, incrementado sus precios muy por encima de sus haberes y restringido las condiciones de acceso, con recortes en la cantidad de medicamentos incluidos en el vademécum.

Según el Centro de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), los medicamentos para jubilados tuvieron un incremento interanual que superó en 124 puntos a la suba del conjunto de medicamentos hasta marzo de este año. El centro CEPA estimó que, desde noviembre de 2023 hasta abril de 2025, los medicamentos de uso habitual para mayores acumularon una inflación promedio del 237%. La Fundación Soberanía Sanitaria indicó que, “a partir de las medidas implementadas en el PAMI, el impacto de los precios es de hasta el 1.001% en el bolsillo de los jubilados, lo cual resulta superior al aumento del IPC como al aumento de los haberes jubilatorios”.

Esta asfixiante realidad económica fuerza a que cada vez más jubilados salgan a trabajar. La tasa de actividad de los adultos mayores alcanzó un pico histórico desde que asumió Milei: un 16,6% de las personas de 66 años o más trabajan o buscan empleo. De los 78.500 nuevos ocupados en el último año, unos 42.000 son jubilados. Con una canasta básica para adultos mayores que supera los $1.200.000 y un haber mínimo de apenas $314.000 (sin contar el bono congelado desde marzo de 2024), siete de cada diez jubilados argentinos tienen ingresos insuficientes para subsistir.

En este contexto, la intervención estatal es fundamental para garantizar el acceso equitativo a la salud. Sin una regulación de precios efectiva ni una cobertura adecuada, la población más vulnerable, especialmente los jubilados, queda en una situación de extrema vulnerabilidad, con consecuencias irreversibles para su salud y calidad de vida.