Desguace de Enarsa: alerta por el impacto en tarifas eléctricas y el futuro de las inversiones
El Gobierno nacional avanza con la venta de acciones de Energía Argentina S.A. (Enarsa) en CITELEC S.A., la controlante de Transener, la operadora clave del sistema eléctrico de alta tensión.
Expertos y exfuncionarios advierten que esta medida, calificada como un «desguace» de la empresa estatal, podría derivar en un aumento de las tarifas y la necesidad de garantizar retornos millonarios a futuros inversores privados sobre infraestructura ya pagada con fondos públicos.
El anuncio del Gobierno nacional sobre la venta de las acciones que Energía Argentina S.A. (Enarsa) posee en CITELEC S.A. ha generado un fuerte rechazo en el ámbito técnico y energético. CITELEC, a su vez, es la compañía que controla Transener, la operadora del sistema de transporte eléctrico de alta tensión en Argentina, responsable del 95% del sistema interconectado nacional, con la excepción de Tierra del Fuego.
Cecilia Garibotti, exsubsecretaria de Planeamiento Energético, fue una de las voces críticas más resonantes. En diálogo con AM 750, Garibotti explicó que esta decisión no se enmarca en una privatización clásica, sino que implica el comienzo de un «desguace» de Enarsa, una estrategia que, según sus palabras, podría tener consecuencias directas y negativas en las tarifas eléctricas que pagan los usuarios argentinos.
Enarsa: un actor estratégico en la red eléctrica
Garibotti detalló que lo que se está vendiendo son «los activos, en este caso las acciones en CITELEC S.A., que es la empresa que se encarga de controlar Transener, que, a su vez, es la que opera en las redes de alta tensión en nuestro país”. Es importante recordar que el Estado argentino había adquirido parte de estas acciones en 2007, luego de que Petrobras dejara su participación en Transener, consolidando un rol clave de Enarsa en la infraestructura energética nacional.
La exfuncionaria enfatizó que “la posición de Enarsa es clave para mantener tarifas justas y razonables para el sistema de transporte eléctrico”. Su argumento central radica en la diferencia fundamental entre una empresa estatal y una privada: “Una empresa del Estado no pide un retorno en dólares por su inversión, sino que asegura el derecho de los usuarios argentinos, que también son los que pagan las obras de transporte eléctrico”. Esto implica que, al no buscar lucro, Enarsa podía operar con una lógica de servicio público que favorecía la estabilidad tarifaria.
Un modelo cuestionado: ecos de los años ’90
Las críticas al modelo de venta propuesto por el Gobierno resuenan con estrategias implementadas en décadas pasadas. Garibotti trazó un paralelismo con las privatizaciones de los años ’90: “La maniobra es vieja, sucedió también durante las privatizaciones de los ’90. Lo que pretende el gobierno es vaciar las compañías de toda función para construir el relato de que la empresa funciona mal y justificar así su venta posterior”.
Esta narrativa, según los críticos, busca deslegitimar el rol de las empresas estatales como paso previo a su transferencia al sector privado, presentándolas como ineficientes o deficitarias, incluso si sus funciones son estratégicas para el país.
El riesgo de encarecer obras públicas ya pagadas
Una de las advertencias más contundentes de Garibotti se relaciona con el impacto directo en los costos que deberán afrontar los usuarios. Si el Gobierno vende estas acciones a un privado, la lógica del mercado impondrá un nuevo escenario: “El gobierno se lo va a vender a un privado y los privados van a pedir retornos en dólares elevados”, señaló.
La exsubsecretaria fue más allá, poniendo el foco en una paradoja que podría afectar directamente el bolsillo de los argentinos: «Ahora, nosotros, que pagamos todas las obras de transporte eléctrico gracias a la inversión de obra pública, vamos a tener que asegurarle a una nueva empresa un retorno sobre estas obras que ya pagamos”. Esto significa que los ciudadanos, que ya contribuyeron con sus impuestos a la financiación de la infraestructura eléctrica, podrían verse obligados a pagar nuevamente por su uso a través de tarifas más elevadas que garanticen la rentabilidad de los nuevos operadores privados.
La decisión de avanzar con la venta de las acciones de Enarsa en CITELEC S.A. abre un debate profundo sobre el modelo energético que busca implementar el Gobierno y sus posibles consecuencias en la economía de los hogares y la soberanía energética del país.
