Golpe mortal a la industria automotriz nacional: Gobierno abre la importación de autos a particulares

A partir de este jueves, cualquier ciudadano argentino podrá importar un vehículo, tanto 0 km como usado, directamente desde otros países. Esta posibilidad abre la puerta a la adquisición de unidades en mercados con precios más competitivos, como Chile, lo que podría reconfigurar el panorama automotriz local.

¿Qué implica la nueva resolución?

La Resolución 271/2025, firmada por el secretario de Industria y Comercio, Esteban Marzorati, es el marco legal que consolida y simplifica más de 40 normativas anteriores. El objetivo principal es facilitar el acceso al parque automotor y reducir las barreras de entrada para vehículos que antes solo podían importarse bajo esquemas muy restrictivos, como el de «repatriación» o para «clásicos».

El punto central de esta normativa es la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), el documento que certifica que un vehículo cumple con las normas de seguridad y ambientales vigentes en Argentina. Con la nueva medida, la obtención de la LCM se agiliza al reconocer certificaciones internacionales emitidas por organismos como la ONU (TRANS/WP29/343) o la NHTSA de Estados Unidos. Esto significa que si un vehículo ya cuenta con estas homologaciones internacionales, el proceso en Argentina será mucho más simple.

Puntos clave para la importación particular

La resolución establece una serie de condiciones y consideraciones importantes para los particulares que deseen importar un vehículo:

• Límite y restricción de venta: Los particulares podrán importar un único vehículo por año calendario. Además, el vehículo no podrá ser vendido durante los dos años posteriores a su ingreso al país, una medida que busca evitar la especulación y el comercio a gran escala bajo esta modalidad.
• Proceso de certificación: La LCM es obligatoria para circular legalmente. Sin embargo, su obtención se flexibiliza al aceptar ensayos y certificaciones de laboratorios avalados por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), la ONU, la NHTSA (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras de EE. UU.) y otras entidades acreditadas por ILAC (Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios).
• Excepción para modelos existentes: Un punto clave es que si el vehículo a importar coincide con un modelo ya homologado en Argentina, no será necesario obtener una nueva LCM. Esta excepción busca agilizar los trámites y fomentar la incorporación de modelos que quizás no tienen representación oficial en el país.
• Costo de trámites: Los aranceles por los trámites de la LCM se fijan en Unidades Retributivas (UR), con costos que varían desde las 400 hasta las 12.000 UR según el tipo de trámite.
• Categorías de vehículos: La medida abarca diversas categorías de vehículos, incluyendo:
  • L: Motos
  • M: Autos y buses
  • N: Utilitarios y camiones
  • O: Remolques
• Modificaciones y cesión de licencias: Se establece la obligación de declarar cualquier alteración técnica que afecte la homologación original del vehículo. Además, se permite la cesión de licencias ya emitidas, siempre que no sea en garantía.
• Fiscalización: La Subsecretaría de Gestión Productiva del Ministerio de Economía será el ente encargado de tramitar las homologaciones y podrá celebrar convenios internacionales para validar certificados técnicos extranjeros. La Dirección General de Aduanas (DGA) no despachará vehículos sin LCM en las categorías más pesadas (O3 y O4), y el Ministerio de Economía tendrá facultades para realizar auditorías y fiscalizar el cumplimiento de lo declarado.

Impacto y contexto

Esta medida llega en un año particular para el mercado automotriz argentino, que proyecta cerrar con aproximadamente 700.000 patentamientos, marcando un récord en los últimos siete años. La apertura a la importación directa para particulares representa un golpe para la industria automotriz nacional y las concesionarias, que históricamente han manejado este mercado.

El Gobierno defiende la medida como parte de una estrategia más amplia de apertura comercial y desregulación, buscando incrementar la oferta y, potencialmente, reducir los precios de los vehículos para los consumidores finales. Sin embargo, los sectores productivos locales expresan preocupación por el impacto en la producción nacional y el empleo, en un mercado que ya presenta un déficit comercial significativo.